El proyecto de ley “que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de interés en la Función Pública”, al no ser tratado por falta de quórum en la última sesión del miércoles pasado en Cámara de Diputados, tuvo sanción automática ayer, por lo que pasa al Ejecutivo en la “versión Senado”.
La iniciativa legislativa afectaría principalmente al cartismo, que fue el máximo exponente de casos de “puertas giratorias”, que es como definen los proyectista a altos funcionarios estatales que rotan entre cargos públicos y privados de un mismo rubro, pudiendo aprovechar información privilegiada.
En el gobierno de Horacio Cartes hay varios ejemplo claros, empezando por el propio candidato a presidente de la República por el Partido Colorado, Santiago Peña, que tras dejar de ser ministro de Hacienda pasó a integrar la nómina de Banco Basa.
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Lo mismo con el extitular de la Industria Nacional del Cemento (INC), Jorge Méndez, que luego pasó a dirigir Cementos Concepción (Cecom); el presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar) Eddie Jara que pasó a ser gerente de la red de estaciones de servicios Enex, entre otros varios casos.
Todas estas empresas estaban ligadas a Cartes, hasta que se vio obligado a desprenderse de ellas por las sanciones económicas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos.
El proyecto en cuestión establece un periodo de “enfriamiento” de un año, es decir, durante ese plazo un exministro o titular de ente estatal no podrá ser contratado por una empresa privada del mismo rubro.
En el caso de incumplirlo, las partes se exponen a multas y prohibición de ejercer cargos públicos por hasta cinco años.
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Puertas giratorias: proyecto obliga a realizar declaración jurada de intereses
El proyecto también obliga a altos funcionarios estatales de los tres poderes a realizar una declaración jurada de intereses, a fin de dejar constancia de negocios que puedan influir en sus decisiones o a través de las cuales puedan sacar beneficios para sí mismos o para terceros.
La diferencia principal que había entre el proyecto del Senado -que quedó vigente- con el de Diputados, es que la versión sancionada amplía el rango de familiares afectados por las restricciones de la ley, alcanzando además del núcleo principal, a primos, cuñados e incluso personas bajo tutela del funcionario.
Se espera que Mario Abdo Benítez promulgue la ley, ya que el propio Ejecutivo presentó su proyecto de ley contra el conflicto de interés, que junto a otras iniciativas legislativas se condensó en este proyecto sancionado.