IPS pagó el mismo precio por gasoil común y tipo I, según las facturas

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Acceso al área de urgencias en el Hospital Central del IPS.
Acceso al área de urgencias en el Hospital Central del IPS.Gustavo Machado

El IPS habría pagado el año pasado casi el mismo precio por gasoil común y tipo I, según facturas de Petropar. Se trata de otro llamativo hallazgo dentro del informe oficial entregado por la previsional sobre el uso de combustibles entre enero de 2022 y el primer mes de este año

Dos facturas de Petróleos Paraguayos (Petropar) correlativas y emitidas el 15 de diciembre del año pasado revelan que el Instituto de Previsión Social (IPS) habría pagado casi el mismo precio por diferentes tipos de diesel. Los comprobantes están adjuntos en el informe oficial entregado por la previsional para justificar el uso de carburantes entre enero de 2022 y el primer mes de este año.

Una de las facturas tiene número 001-002-0025550 y consigna en su concepto que el IPS adquirió entre el 1 y el 30 de noviembre del año pasado unos 7013 litros de gasoil tipo I a G. 10.597 el litro. Esto, resulta en una cifra final de G. 74.319.595, de acuerdo al documento.

En el otro comprobante, con N° 001-002-002551, en tanto, también se detalla la compra de la previsional de diesel en ese mismo periodo (01/11/2022 al 30/11/2022). Llamativamente, en esa factura se consignó que la adquisición de unos 59.314 litros de gasoil común fue a un precio de G. 10.590 por litro, es decir, casi similar monto al tipo I que en teoría es un carburante de mayor calidad.

Esa factura registra como cifra final G. 628.138.169 por la provisión de ese tipo de combustible.

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Un verdadero festín en IPS

Este nuevo hallazgo se suma a otros ya detectados dentro de la incompleta documentación de 150 páginas entregada por el IPS sobre la utilización de carburantes. La previsional se vio obligada a facilitar los datos luego de la presentación de un amparo judicial por parte un sindicato de esa institución.

El informe detalla que el IPS compró en 13 meses unos 816.884 litros de gasolina, destinando alrededor de G. 7.861 millones, más de US$ 1.000.000, de acuerdo a los comprobantes adjuntados.

El IPS adquirió la mayor cantidad de combustibles entre noviembre y diciembre del año pasado. Coincidentemente, en esos meses estaban en auge las elecciones internas desarrolladas el 18 de diciembre de 2022.

Los datos igualmente evidencian que la previsional, en el convenio firmado con la petrolera estatal, estipuló G. 40 millones mensuales (G. 480 millones en 12 meses) para nafta de aviación. Con ese fin, incluso, se asignó una tarjeta “exclusiva” con terminación 14.771, según los documentos.

La previsional, en el mismo informe oficial, afirmó que “por única vez” el 6 de marzo último solicitó la provisión de combustible para aviación. Lo llamativo es que esa magnética era “vaciada” mes a mes, llegando, incluso a superar el cupo mensual.

Ante esta situación, el IPS mediante un comunicado ensayó otra versión, afirmando que la tarjeta 14.771 era “administrativa” y se utiliza para transferir saldos a dependencias solicitantes.

Por otro lado, también se encontró que las dependencias administrativas e incluso hasta áreas que funcionan en el mismo edificio del Hospital Central gastaron más en combustibles que la Central de Ambulancias del IPS (CAMIPS).

Para ejemplo, está que la Dirección de Servicios Administrativos, Consejo de Administración, Transporte y Mantenimiento utilizaron por G. 2.127 millones, mientras las ambulancias figuran solo por G. 753 millones.

No coinciden rendiciones de la Previsional

Otra cuestión curiosa de los documentos oficiales del IPS es que existe una notoria diferencia entre las cifras totales tanto de litros de combustible como montos consignados en las rendiciones mensuales y las facturas.

Según los comprobantes, son 816.884 litros por G. 7.861 millones, mientras que en las rendiciones mensuales se consignaron números que totalizan 809.376 litros y G. 7.841 millones.

En IPS se objeta manejo del departamento de ambulancias.

Resultados de FEI para julio próximo

Los llamativos hallazgos en el informe oficial del IPS sobre el uso de combustibles hizo que la Contraloría General de la República (CGR) disponga la realización de una Fiscalización Especial Inmediata (FEI) a la ejecución presupuestaria de ese rubro. El análisis abarcará todo el ejercicio fiscal 2022 y el primer cuatrimestre de este año, según la resolución del ente de control.

La directora general de Control Gubernamental de la Contraloría General de la República (CGR), Gladys Fernández, informó que el resultado de esa FEI se presentaría a mediados de julio o a más tardar en la primera quincena de agosto. Esto, atendiendo que el contralor general Camilo Benítez debe socializar su informe de gestión ante el Congreso.

Indicó que, en caso de encontrarse irregularidades, remitirán el informe al Ministerio Público con las denuncias correspondientes. Agregó que los auditores realizarán la fiscalización en forma paralela al grupo de funcionarios de la CGR que está trabajando en la auditoría financiera en la previsional.

Según la disposición del ente de control, el equipo de trabajo designado realizará entrevistas, solicitudes y verificaciones in situ, tanto en la sede central de la institución como en áreas de influencia. La solicitud de provisión de documentos a la previsional se canalizará a través de la supervisora o jefe de equipo, sin perjuicio de que los fiscalizadores labren actas para la obtención de determinados informes, que por su naturaleza puedan ser entregados sin más trámite para su análisis, dice el documento.

Igualmente, el IPS deberá designar a un nexo oficial para facilitar los medios y documentos requeridos por los auditores.

Numerosas denuncias

Mientras la CGR anuncia la FEI sobre uso de combustibles, en el IPS arrecian otras denuncias con respecto al manejo de los recursos de la previsional. Una de ellas es la megalicitación aprobada por el Consejo de Administración para la “tercerización” del servicio de lavado y planchado de ropas hospitalarias a nivel nacional.

Esta convocatoria que prevé un contrato de 10 años por G. 484.885 millones, alrededor de US$ 67 millones, está actualmente en litigio judicial. Esto, debido al amparo y la medida cautelar para suspender el proceso promovida por el Sindicato de Profesionales del IPS.

El juez Humberto Otazú tiene a su cargo resolver el pedido. El IPS tuvo tiempo hasta ayer para contestar.