Las tres personas sobre las que pesa orden de captura en la causa son Teodoro Valinotti, empresario y dueño del inmueble deforestado, y los jóvenes menonitas paraguayos Jacob Enns Fehr y Johan Eep Enns.
Según la documentación fiscal, el 29 de noviembre de 2021, el fiscal Carlos Ariel Cabrera intervino un predio, de unas 300 hectáreas, ubicado en el distrito de Liberación, San Pedro, donde se descubrió la destrucción de 124 hectáreas de bosque nativo.
En el operativo, que contó además con la colaboración del Instituto Forestal Nacional (Infona), se descubrió la utilización de maquinaria pesada, que estaba en “plena limpieza” bajo el mando de los citados menonitas, al momento de la intervención fiscal.
Llamativamente, apenas dos días después de esto, el fiscal Cabrera fue trasladado a otra unidad. La orden estuvo firmada por la entonces fiscala general, Sandra Quiñónez.
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Actualmente, el caso está bajo investigación del agente José Godoy Blanco. Este fiscal hizo otro allanamiento, en febrero de 2023, en el inmueble deforestado, y se encontró con restos de carbón y grandes restos de árboles por todo el lugar.
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En ninguna de las intervenciones fiscales, según consta en las actas, el propietario Valinotti ni los menonitas mostraron algún documento, ya sea del Ministerio del Ambiente o del Infona, que habilite el trabajo que realizaron en el lugar.
Ausentes en juicio
Valinotti y los menonitas no se presentaron para el juicio oral que se tuvo que realizar el pasado 5 de julio.
Sus abogados defensores, Denis Giménez Cardozo y Édgar Eulalio Giménez, presentaron supuestos certificados médicos para justificar la ausencia de los procesados.
Por esta razón no se realizó finalmente el juicio.
Para el Tribunal de Sentencia de San Pedro del Ycuamandyyú, integrado por los magistrados Rodney Rejalaga Noguera (presidente), Karina Von Tumpling de Sosa y Guido Mareco Cáceres, los certificados médicos presentados por la defensa no reunían las condiciones necesarias legales para que sirva de justificativo.
Por este motivo, el colegiado resolvió declarar la rebeldía de los tres acusados y solicitar la orden de captura contra los tres en todo el territorio nacional.
Además, se revocó la personería jurídica de los abogados defensores, por lo que ya no podrán ejercer profesionalmente, por el momento.
Con la del 5 de julio pasado, suman tres ocasiones que se suspende el proceso de juzgamiento en este caso.
Primera vez
Desde que, a partir del 2018, el Tribunal de Sentencia de San Pedro se encarga de los temas ambientales, es la primera vez que una investigación fiscal llega a esta instancia en un caso relacionado a desmonte.
En apenas un caso se reparó daño
Un informe de la Dirección Ambiental de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) indica que, de 167 causas investigadas por delitos ambientales entre 2018 y 2021, es decir, durante la gestión de Sandra Quiñónez, en apenas un caso se logró “reparar el daño ocasionado”.
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No hay registros de imputados por deforestación que hayan terminado en la cárcel en los últimos años.
De las 167 investigaciones en temas ambientales, el 47% (78 causas) terminaron desestimadas. Además, apenas el 3% de todas las causas llegaron a un juicio oral y público.
Según datos de la Fiscalía, el Ministerio Público abrió 8.316 causas para investigar delitos ambientales y consiguió 774 personas imputadas, entre 2015 y julio de 2022.
Según el Instituto Forestal Nacional (Infona), San Pedro es el departamento que registra la mayor ocurrencia de cambio de uso de suelo entre 2017 y 2021, llegando a 21.773 hectáreas, una superficie que representa casi el doble del tamaño de Asunción.
Esta cifra tiene que ver con las 89.890 hectáreas destruidas en toda la Región Oriental en el mismo periodo. Es decir, San Pedro acumula el 24,3% de todo lo deforestado en apenas cinco años.
Desde 2004, en toda la Región Oriental de Paraguay rige la ley de Deforestación “Cero” que prohíbe la transformación y conversión de superficie con cobertura de bosques.