Dinavisa ya tenía identificados locales ilegales de “vapes”

En enero de 2023, el entonces senador por Patria Querida Stephan Rasmussen hizo una serie de pedidos a las autoridades sanitarias con respecto a la comercialización de los cigarrillos electrónicos en el país.

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Entre las respuestas que envió posteriormente la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) se menciona que se tenía registrados tres locales que vendían los cigarrillos electrónicos, a pesar de no contar con la habilitación sanitaria correspondiente.

El documento menciona los nombres y la dirección de estos puestos de venta.

A pesar de estos datos, no hay registro ni documentación que acredite que estos locales hayan sido multados o clausurados.

También se dio a conocer la cantidad de empresas habilitadas.

Estos informes forman parte de un esquema de trabajo que se había formado ya en noviembre de 2022, luego de una reunión entre autoridades de Dinavisa, técnicos de la Aduana y representantes del sector importador.

De hecho, dicha reunión fue exclusivamente para tratar el tema del ingreso de vapeadores sin registros sanitarios al territorio paraguayo.

Actualmente, la resolución N° 153/2021 de Dinavisa regula el ingreso y la venta de estos productos.

Uno de los requisitos fundamentales para que se puedan importar estos vapeadores es que tengan, como máximo, 20 mg/Lm (2%) de nicotina en su carga líquida.

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Sin embargo, miles de estos productos se venden con 5% de nicotina, lo que figura, incluso, en la propia caja de estos cigarrillos electrónicos.

Locales ilegales de “vapes”: Dinavisa presentó denuncia

El 31 de agosto de 2023, Dinavisa presentó una denuncia ante la Unidad contra el Contrabando del Ministerio Público por el masivo ingreso de vapeadores ilegales al país.

Según esta denuncia de Dinavisa, los técnicos de esta institución confirmaron la venta de cigarrillos electrónicos con el 5% de nicotina en decenas de comercios, grandes y pequeños, en diferentes centros comerciales de Asunción, Central y en Alto Paraná.

Riesgo total para la salud

Desde el Ministerio de Salud califican el cigarrillo electrónico como un riesgo para la salud de las personas, sobre todo aquellos que no están regulados.

La preocupación de las autoridades tiene que ver con la aceptación que tienen estos vapeadores entre la población joven.

Justamente, el pasado 28 de agosto, ABC Color publicó la denuncia de una persona que tuvo que ir a auxiliar a su sobrino, que cayó intoxicado en plena aula de su colegio después de “vapear” con sus compañeros.

El estudio toxicológico arrojó que el estudiante tenía registro de haber ingerido marihuana y benzodiacepinas en niveles considerables.

Desde el Sindicato Nacional de Directores (Sinadi) señalan que, cada año, decomisan entre 400 y 500 vapeadores del poder de estudiantes en los colegios.

Un sistema sin trazabilidad

Las autoridades sanitarias e impositivas no tienen un sistema para controlar la comercialización de vapeadores o cigarrillos electrónicos.

Los números señalan que, en el 2023, ingresaron hasta ahora, en forma oficial, 1.579.959 vapeadores con registros sanitarios. Sin embargo, existe un enorme mercado en donde se venden estos productos por encima de los niveles de nicotina permitidos por Salud.

Ingresaron más de 8 millones en un solo año

Solamente en el 2021 ingresaron al país unos ocho millones de cigarrillos electrónicos, según datos preliminares de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

Esto es, teniendo en cuenta las partidas arancelarias que hasta ese año abarcaban estos productos, que ingresaban con diferentes denominaciones, como por ejemplo Pods, Vapes, vapeadores y cigarrillos electrónicos.

Desde 2022, sin embargo, las importaciones se unificaron bajo una partida en general, que es la 85.43.40.00. La partida arancelaria es la clasificación numérica que se le otorga a cada producto que es importado, con el objetivo de establecer los impuestos aduaneros correspondientes.

Esta cantidad de productos es la que ingresó en forma legal, es decir tributando.

Sin embargo, desde la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) sospechan que una cantidad aún superior ingresa al país, pero utilizando una partida arancelaria distinta, con el objetivo de pagar menos impuestos.