Este martes, el juez José Villalba convocó a declarar a 17 personas, entre ellas empresarios y figuras vinculadas a la política, señaladas como ocupantes ilegales de un terreno de 131 hectáreas dentro de la Finca 916 del distrito de Villa Hayes, propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, donde fueron construidas lujosas mansiones a pesar de tratarse de tierras públicas.

El juez Villalba citó a esas personas a “prestar declaración jurada sobre la personalidad y en qué carácter ocupan el inmueble”, el próximo 13 de octubre a las 09:00.

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La convocatoria se realiza luego de que el procurador general del Estado, Marco Aurelio González, anunciara hoy el inicio de acciones judiciales contra los ocupantes ilegales de la Finca 916.

Las personas convocadas, todas domiciliadas en la Finca 916, son:

Hugo Bertrhol Friesen

Alfredo José Vinader Casali

Sara Aluiso

Wesley Kehler Sawatzky

Hans Karl Jans

Berthold Penner

Rossana Ramírez

Miguel Reinal

Señor Melgarejo

Gumercindo Leguizamón

Rodney Daniel González

Walter Escobar

Martín Amaini

Oscar Peter Klassen

Fernando Camacho

Hugo Simón

Jorge García

Juez y procurador van a Villa Hayes

El juez Vilallba se presentó hoy en la zona ocupada, en lo que describió como una constitución como diligencia preparatoria con el objetivo de “colectar elementos o informaciones para iniciar una demanda”.

El magistrado señaló además que los ocupantes tienen la orden de no innovar en el terreno y todos los detalles de la ocupación se van a ir dilucidando en el transcurso de la investigación.

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El procurador González, también presente hoy en el sitio, manifestó, por su parte, que el juez va a exigir a los ocupantes que presenten toda la documentación referente a su ocupación, en caso de contar con algún papel que los avale.

Proyecto de ley para despojo

La controversia en torno a la Finca 916 cobró relevancia pública la semana pasada, cuando el Senado sancionó un proyecto de ley impulsado originalmente por el senador colorado cartista Basilio Núñez -cuando aún era diputado– que planteaba desafectar 131 hectáreas de esa propiedad del Estado a favor de la Municipalidad de Villa Hayes, presumiblemente para “legalizar” a las personas que ocupan ilegalmente desde hace años esas tierras, donde han construido lujosas edificaciones.

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Luego del estallido del escándalo, el presidente Santiago Peña se vio obligado a anunciar que vetará el proyecto de ley.