El presidente de la Comisión de Legislación, Jorge Ávalos Mariño (PLRA), argumentó por el rechazo que el proyecto de ley “contiene demasiadas ambigüedades y contempla situaciones que podrían ser consideradas exageradas en una ley”, castigando por ejemplo el hecho de cambio de funciones de un empleado.

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Agregó que en cuanto a las definiciones de acoso laboral, establecía cuestiones “enunciativas y no taxativas” y que al estar al arbitrio de la interpretación, serían peligrosas sobre todo para los empleadores.

La diputada Johanna Ortega (País Solidario) estuvo a favor de la aprobación al rechazar que se estén planteando cuestiones descabelladas, sino que según ella son cuestiones bien definidas como la persecución o castigo a empleados para forzar su renuncia o para que realicen cuestiones en contra de su voluntad.

La diputada Rocío Abed (ANR, HC), en nombre de la comisión de Equidad y Género, argumentó en contra, al alegar que el proyecto de ley reñía contra cuestiones ya establecidas actualmente en el Código Laboral o en la Ley de la Función Pública.

Abed indicó que según analizaron en la comisión, el proyecto de ley “no aborda adecuadamente ni el aspecto penal ni el laboral”, ya que incluso podría impedir la condena de casos de acoso que ameriten una condena judicial. Esto, debido a que la ley prohíbe el doble juzgamiento por un mismo hecho, y al plantearse un castigo administrativo podría terminar impidiendo un castigo penal.