Como 15º punto del orden del día de la sesión extraordinaria de mañana de la Cámara de Senadores figura el tratamiento del proyecto de ley “Que modifica los artículos 3° inciso g) y 20° inciso d) de la Ley N° 7089/2023 ‘Que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflicto de intereses en la función pública’”, que ya tuvo media sanción a las apuradas en Diputados.
La modificación propuesta puntualmente ataca los artículos relacionados a la declaración del grupo familiar, que ahora alcanza hasta familiares del “segundo grado de consanguinidad y afinidad, incluyendo a las personas sujetas a tutela o curatela”.
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Esto pretende limitar la obligación de declarar vínculos solo con cónyuge, conviviente o concubino e hijos mayores de edad, y excluyendo a padres, hermanos, cuñados, etc.
El proyecto de modificación se intenta llevar adelante a tambor batiente, incluso contra la oposición expresa de la Contraloría General de la República, encargada del control de las declaraciones juradas.
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En su comparecencia días atrás ante la Comisión de Legislación del Senado, el propio contralor, Camilo Benítez solicitó el rechazo de las modificaciones, argumentando que la disponibilidad de mayores datos, permitiría un mejor control contra casos eventuales de conflicto de interés.
La Ley contra Conflicto de Intereses fue promulgada en abril pasado y apenas ahora entrará en vigencia, sin embargo, los legisladores aparentemente tienen pavor a la obligación de declarar sus vínculos familiares y por ello el apuro.
La ley relativamente nueva, establece que además de la declaración jurada de bienes, autoridades de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) deben presentar una Declaración Jurada de Intereses.
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Esto con el fin de detectar posibles casos de conflicto de interés, donde mediante su decisiones relacionadas al Estado (ya sea elaboración o aprobación de leyes, adjudicación de licitaciones, u otros), políticos terminen favoreciendo a ellos mismos o a personas vinculadas familiarmente.
Cabe destacar que en su primer trámite en Cámara de Diputados, donde ya tuvo media sanción, el interés de ocultar estos datos fue descarado, ya que el proyecto fue incluido “por la ventana” en una sesión extraordinaria, sin dictamen previo de ninguna comisión y en apenas 7 minutos, incluyendo ya el tiempo de votación.
Demás está decir que en Cámara Baja ni siquiera consultaron su parecer a Contraloría, pero igualmente terminaron aprobando por unanimidad.
En pleno debate por “conflicto de interés”
El debate en Senado sobre excluir a gran parte del grupo familiar de las autoridades, justo se da luego de una reciente controversia por posible violación a la ley de “conflicto de intereses”, según denuncia de sus propios colegas, relacionada al senador Luis Pettengill (ANR, “independiente”).
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El legislador votó por el proyecto de ley de emisión de bonos para el pago de deuda a empresas proveedoras del Estado, entre las que se encuentra como potencial beneficiaria la empresa vialera y contratista estatal, Ocho A S.A., de la cual era accionista hasta poco antes de asumir como senador.