Como solución, por ahora, se busca aumentar el universo de aportantes, pero omiten la revisión de la administración de la Caja.
El proyecto “Que modifica y amplía la Ley Nº 122/23, que unifica y actualiza el proyecto de ley “que modifica y amplía la Ley 122/93, que unifica y actualiza las leyes Nº 740/78, 958/82 y 1226/86 relativas al régimen de jubilaciones y pensiones del personal municipal, y su modificatoria ley 2102/03″, ingresó en Diputados en setiembre de 2022 y, si bien se aprobó a las apuradas de manera general el pasado 15 de noviembre, el miércoles pasado fue postergado por segunda vez su estudio en particular. Minutos antes aprobaron a los apurones la ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.
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El proyecto plantea la inclusión obligatoria como aportantes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal a intendentes, concejales, funcionarios, sean estos nombrados, contratados, jornaleros, asesores, empleados, trabajadores y obreros municipales nacionales o extranjeros, mayores de edad, al servicio de las instituciones municipales, cualquiera sea su categoría, forma de la remuneración, tipo de trabajo, forma de nombramiento y relación laboral; a excepción de aquellos que ya cuentan o estén en un sistema o régimen de seguridad social.
Asimismo, también tendrán carácter obligatorio de aporte los miembros del Consejo y el personal de la Caja, mayores de 18 años de edad, cualquiera sea su categoría, forma de remuneración, relación laboral sean estos nombrados, contratados, jornaleros, asesores, empleados, trabajadores y obreros nacionales o extranjeros.
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También se prevé el aporte, en carácter voluntario, de los afiliados que se retiran voluntaria o involuntariamente de las instituciones donde prestan servicios, y que soliciten su continuidad en tal carácter. Los proyectistas son los diputados liberales: Rodrigo Blanco, Marcelo Salinas, Sergio Rojas (ahora senador) y Hugo Capurro, quien dejó el cargo.