Rolón no quiso opinar sobre la posibilidad o no de que una decisión del Poder Judicial pueda anular una resolución de otro poder como es el Legislativo, diciendo “eso es un tema que hay que preguntarle a la gente de la Corte”.
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“Nosotros somos parte necesaria. Nuestra opinión la vamos a verter una vez que tengamos los antecedentes y la dimensión que plantea la acción de inconstitucionalidad”, acotó el fiscal general del Estado.
Esto atendiendo que el artículo 554 del Código Procesal Civil establece que “la Corte Suprema sustanciará la demanda oyendo al fiscal general del Estado, cuando se trate de actos provenientes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial”.
Sostuvo que todo procedimiento lo realizarán en el plazo que corresponda ya que es “un acontecimiento que está previsto en la propia estructura procesal y desde luego es nuestra misión decir lo que corresponde y creemos que es el derecho”.
El titular del Ministerio Público también dijo que analizan las denuncias penales que se presentaron contra la exlegisladora antes de su expulsión. Una de ellas fue cuestionada en su momento, ya que se denunció incluso la “utilización” de una persona con discapacidades para promover la denuncia.
“Obviamente, todos los trámites que ingresa al sistema de denuncias tienen sus mecanismos, hay que entender que la institucionalidad exige ciertos comportamientos y líneas que están instaladas en las normas, no siempre la respuesta es inmediata, pero respuesta habrá”, apuntó Rolón.