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Esta fue la iniciativa presentada por Penner (PPQ) para justificarse por haber votado a favor de la candidatura del senador Basilio Núñez (ANR-HC) para la presidencia de la Cámara Alta, pese a que la conducción del Partido Patria Querida decidió lo contrario.
Dicha propuesta legislativa fue firmada por senadores colorados cartistas y libero cartistas expulsados además de Sergio Rojas (PLRA) y Esperanza Martínez (FG). La misma fue presentada el martes 19 y la elección de Basilio Núñez fue el miércoles pasado.
Según la resolución, el objetivo de la comisión será investigar, controlar y presentar iniciativas legislativas, a fin de dar solución a la problemática del Chaco ante la falta del agua; estará integrada por seis senadores; tendrá una duración de un año y deberá elevar informe semestral al pleno y un informe final al culminar su misión.
Esta no fue la primera vez que Penner se alineó con el cartismo. A esto se suma que finalmente el PPQ, que el domingo último renovó autoridades, cajoneó la promesa de analizar la conducta de Penner y sancionarlo. El exsenador Stephan Rasmussen y el intendente de Encarnación Luis Yd son los nuevos presidente y vicepresidente del PPQ.
Congreso amplía ley de información pública
La Cámara de Senadores sancionó ayer la ampliación de la Ley de Acceso a la Información Pública que obliga al Ejecutivo a revelar en una base de datos, informes sobre billetaje, subsidio al transporte y otros.
El senador liberal Eduardo Nakayama (exPLRA), vocero de la Comisión de Legislación, indicó que la iniciativa amplia los artículos 8° y 10° de la Ley N° 5.282/2014.
De esta manera, obliga al Poder Ejecutivo y entes estatales a divulgar la lista de asignaciones de tierras públicas urbanas y rurales así como los nombres de los beneficiarios; los datos de quienes acceden a expropiaciones y un registro de peticionantes de expropiaciones.
También deberán divulgarse los datos sobre los pagos mensuales a empresas que cobran el subsidio del transporte público y las reuniones del Consejo Nacional del Salario Mínimo.
Nakayama advirtió que la ley también exige que todas las planillas deberán publicarse en forma digital en forma procesable, ya que es costumbre en varios entes divulgar datos en páginas encriptadas que imposibilitan las búsquedas.
Esto también obligará a entidades como el Indert, el Ministerio de Urbanismo; de Desarrollo Social y otros informar su lista completa de asignaciones de planes sociales. Además las universidades públicas estarán obligadas a publicar sus resoluciones administrativas, aranceles y otros documentos.
Crean universidad de la ARP
En otro punto, el pleno de la Cámara Alta resolvió aprobar la creación de la Universidad Rural del Paraguay, una entidad dependiente de la Asociación Rural del Paraguay. La iniciativa pasa a la Cámara de Diputados para su consideración.
La aprobación de dio en el marco del debate sobre la proliferación de las universidades de garaje y la confianza en la ARP.