Este lunes, sindicatos docentes de las diferentes organizaciones se reunieron para analizar el proyecto de ley del servicio civil del funcionario público.

Los docentes sindicalizados tienen algunos cuestionamientos a la propuesta, por lo que convocaron al economista y sociólogo Luis Ortiz, con el que realizaron un análisis. De lo que surja de este debate se posicionarán sobre el mencionado proyecto de ley.

Gabriel Espínola, secretario de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay-Auténtica Sindicato Nacional (OTEP-A SN) señaló que se hicieron presentes todas las organizaciones que conforman la mesa de unidad sindical, desde diferentes puntos del país.

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A los docentes les preocupa principalmente la situación de la seguridad social basada en la jubilación y la posibilidad de que existan reformas en la caja de jubilados.

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Reformas “tienen mucho que ver con tema presupuestario”

Entre otros puntos, también hablaron de continuarán acompañando activamente la acción de los universitarios y proyectar acciones coordinadas, con el fin de garantizar la educación pública como política de Estado, dijo Gabril Espínola.

El sindicalista puntualizó que ya estamos entrando a la época de elaboración del presupuesto 2025, y en medio de eso se producen estas reformas legislativas que a criterio del sector docente tienen mucho que ver con el tema presupuestario.

En definitiva, a los docentes les interesa saber qué presupuesto se destinará a carrera docente y cuál a la carrera civil

Por otro lado, dijo Gabriel Espínola, también creen que la propuesta legislativa podría tener aspectos positivos, como la valoración al personal y el reconocimiento de su formación, así como antigüedad.

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Temen “evaluación de carácter punitivo”

Pero, no les parece “de buen augurio”, la perspectiva que les dieron en la primera audiencia pública que se hizo sobre el tema, pues tienen dudas de que la educación sea parte de este reconocimiento.

“Nosotros creemos favorable toda carrera porque significa que el ciudadano ingresará por algún mecanismo de igualdad de oportunidades. Esperamos que terminen los nombramientos directos favorables al clan familia y que el ingreso a la función sea por capacidad, pero nos preocupa cierta meritocracia que vaya a ser puesta a consideración para indicar puntajes, calificación, etcétera”, dijo Espínola.

Enfatizó que no están en contra de que se observe el desempeño de un funcionario, pero recordó que en muchos casos las condiciones del ámbito laboral son insuficientes para cumplir con el trabajo.

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Otro de los puntos que les preocupa a los docentes, es que se introduzca “una evaluación de carácter punitivo”, en su sector.

“Nuestro estatuto dice que cada año se evalúa al docente, la evaluación docente debe ser diagnóstica de proceso y formativa”, puntualizó el sindicalista.

“No existen recursos para actualización docente”

Así también, recordó que al mirar el presupuesto hoy por hoy, no existen recursos para la actualización del docente.

“Lo poco que había, que era el Fonacide, ahora se dejó sin efecto. No sé con qué secubrirá, porque el MEC no tiene recursos”, cuestionó Espínola.

En otro orden, propuso generar algún mecanismo que signifique una reforma de la seguridad social basada en la jubilación docente, y añadió que el Estado paraguayo “también debe apostar a la caja fiscal”.

“Ninguna entidad de seguro social se puede sostener con aporte del que trabaja, ¿y la contraparte?” se cuestionó Espínola.

Resaltó además les preocupa que la carrera docente aún está sin iniciarse, y esperan que no se apruebe primero la ley de la carrera civil antes de regularizar la situación profesional de los maestros.

“No es lo mismo la productividad que se pretende tenga un funcionario de economía, con la productividad de un docente en zona rural o suburbana”, expresó el dirigente sindical.

El proyecto de ley

El proyecto presentado en el Congreso se denomina “Ley de la Función Pública y la carrera del servicio civil”, y es impulsado por el Ministerio de Economía.

El documento ya fue presentado en octubre del 2022 durante la gestión de Mario Abdo Benítez, pero el gobierno actual anunció varias modificaciones.

El principal cuestionamiento que hacen las centrales obreras y los sindicatos de trabajadores es la forma “sigilosa”, en la que se están manejando las modificaciones del proyecto, pues el cartismo goza de una cómoda mayoría para aprobar la iniciativa en el Congreso.