Contralor minimiza “ninguneo” de municipios y pide nueva normativa

El titular de la Contraloría, Camilo Benítez, manifestó que necesita la unificación de las exigencias de control para evitar que algunas instituciones públicas “puenten” a la CGR y envíen directamente sus rendiciones de cuentas al Tribunal de Cuentas. Agregó que la CGR debe dejar de ser una institución que solo expulse denuncias penales y ser una institución revisora.

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“La Contraloría debe dejar de ser una institución que expulse denuncia penales, sino también recomiende mejoras administrativas a los sujetos de control”, indicó Camilo Benítez.

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Minimizó el ninguneo que hace algunos municipios que no cumplen con las recomendaciones. Dijo que otro inconveniente es que pese a que la CGR detecte indicios de hechos punibles tras las auditorías a los municipios no puede sancionar a los malos administradores, solo puede remitir los datos al Ministerio Público.

“El problema es el puenteo que recibe la Contraloría. Inclusive para el administrador público por que las reglas de control no son iguales para todos. Algunas instituciones rinden cuentas al Tribunal de Cuentas gracias a las medidas de inconstitucionalidad que tienen”, puntualizó Benítez.

El contralor dijo que el veto del presidente Santiago Peña (ANR-HC) a la ley antipuenteo a la CGR usó como base las recomendaciones de los ministros de la Corte Suprema de Justicia y no lo que planteó el ente contralor.

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“En el veto presidencial sopeso lo que dijo el Poder Judicial ante lo que dice el contralor. Lo que leí en la argumentación del veto es que el problema que no se iba a solucionar. La única solución que veo es que se proponga una nueva normativa y que las instituciones que envían sus rendiciones al Tribunal de Cuentas deban ser auditadas antes por la Contraloría, pero debe decir en la ley. Que sea un requisito necesario que la Contraloría audite antes los documentos y luego vaya al Tribunal”, agregó Benítez.

En agosto del año pasado la CGR remitió al Ministerio Público 56 informes de auditorías en donde se detectaron indicios de hechos punibles para que se haga una investigación a los administradores municipales, pero la fiscalía avanzó poco.