El senador cartista Pedro “Pipo” Díaz Verón se suma a la lista de legisladores que habría logrado ubicar a sus parientes en la función pública. Y es que dos de sus sobrinos lograron dar saltos envidiables en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y en la Cámara de Diputados, respectivamente, con este nuevo gobierno que coincidentemente pregonó durante su campaña el “vamos a estar mejor”.
Uno de los afortunados es Amado “Chicho” Díaz Acosta, quien logró ingresar al ente que comparte nuestro país con Argentina, con un salario superior a G. 17 millones. Declaraciones juradas presentadas ante la Contraloría General de la República (CGR) revelan que el sobrino del senador fue nombrado el 9 de abril de 2024.
En el documento resalta también que cumplirá funciones administrativas. En lo que tiene que ver con su formación terciaria, dice que es abogado. El mismo ya ingresó como funcionario nombrado de la EBY. Declaró un activo total de G. 546.000.000.
Antes de ser ubicado en la entidad binacional, era funcionario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), con un salario de G. 10.400.000 donde aparece hasta marzo de 2024.
Por su parte, Pedro “Pepo” Díaz Acosta figura como funcionario de la Cámara de Diputados desde agosto del año pasado, un día antes que asumiera Santiago Peña.
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El hijo del intendente ingresó en agosto como asistente técnico administrativo, ya como funcionario permanente. Ese mes cobró G. 4.500.000 porque fue integrado al promediar el mismo.
Ya desde setiembre pasado figura como asesor con un sueldo de G. 8.600.000.
Según los antecedentes que aparecen entre sus DDJJ, era funcionario en el 2022 del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de Alto Paraná, también como funcionario administrativo, donde incluso fue recategorizado con un sueldo de G. 3.300.000. Tratamos de tener la versión del senador cartista Pipo Díaz Verón, pero hasta el cierre de nuestra edición no atendió.
Antecedentes del senador “Pipo” Díaz Verón
“Pipo” Díaz Verón, hermano también del exfiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, arrastró denuncias cuando era gobernador de Caazapá sobre el uso de G. 12.764 millones (US$ 2.000.000) transferidos entre 2020 y 2021 por el Poder Ejecutivo para la reactivación económica en el marco de la pandemia del covid-19. Uno de los hechos es que entregó más de G. 500 millones para la restauración de la exestación del ferrocarril en el distrito de Moisés Bertoni.
Sin embargo, la obra nunca se realizó porque no estaba autorizada por la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) y Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa).
Otro punto cuestionado es que recursos terminaron en manos de ONG integradas por personas cercanas a él, como en ese entonces su custodio policial. A pesar de las abrumadoras pruebas la fiscala Victoria Acuña pidió la desestimación de la investigación por supuesta lesión de confianza contra el senador cartista.