La Junta Municipal de Tomás Romero Pereira en sesión extraordinaria realizada en la mañana de este jueves decidió censurar el veto del intendente Hernán Ysidro Rivas (ANR) al rechazo de la corporación legislativa de la ejecución presupuestaria del periodo fiscal 2023, correspondiente a su administración. El jefe comunal es padre del cuestionado senador colorado cartista Hernán David Rivas.
Con esta medida se ratifican en el dictamen de la Comisión de Hacienda que identificó presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos. Entre las principales supuestas anomalías figura un aporte de G. 100 millones al Consejo Municipal de Salud sin respaldo documental. Lo llamativo del hecho es que la fecha en que se emitió el cheque coincide con el día de las elecciones del pasado 30 de abril.
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Además, una supuesta sobrefacturación de casi G. 124 millones en obras realizadas en escuelas con recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). Rivas habría agregado adendas por este monto, sin comunicar a la Junta Municipal.
También encontraron facturas en las que figura la compra de seis cubiertas para un tractor que fue reparado recién en enero de este 2024 y que funcionaba en realidad con cubiertas usadas.
Pedirán intervención por segunda vez
Los ediles resolvieron solicitar por segundo año consecutivo la intervención de la municipalidad. Anunciaron que remitirán documentos a Contraloría General de la República, al Ministerio del Interior, a la Dirección de Asuntos Municipales del Poder Ejecutivo, a la Cámara de Diputados, al Ministerio Público y a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
Los votos por el rechazo del veto del intendente fueron de Edgar González (ANR), Adalberto Caballero (ANR), Concepción Martínez (PDA), Roland Villaverde (ANR), Miguel Ángel Domínguez (ANR), Francisco Osmar Martínez (Alianza), Belgrano Cibils (Alianza), Virgilio Ortiz (FG). Estuvieron ausentes: María Irene Arnold (Alianza). Se abstuvieron Cristhian Sanabria (ANR), Yreneo González (ANR) y Marizol Rolón (ANR).
Una denuncia anterior por presunta lesión de confianza por supuestas irregularidades durante el periodo 2022 estuvo “dormida” en la Fiscalía de Encarnación hasta abril de este año cuando fue asignada a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, a cargo de la fiscala Natalia Fuster.