El 31 de marzo de 2016, durante el gobierno de Horacio Cartes el entonces titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Luis Rojas y el entonces comandante de la Policía Nacional, Críspulo Sotelo junto al agregado de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país, Eric Barnard firmaron una adenda a los acuerdos de lucha contra el narcotráfico. El objetivo: la conformación de la “Fuerza de Tareas Conjuntas Interinstitucionales Antidrogas y de Hecho Punibles Conexos” (FTCIAHP) en el marco del Programa de la Unidad de Información Sensible (SIU, por sus siglas en inglés), que es un programa antidrogas global de los EE.UU.
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El pasado viernes 6, solo mediante una “filtración” del Washington Post en EE.UU., en nuestro país, el propio comandante actual de la Policía, Carlos Benítez se enteró que el titular de la Senad, Jalil Rachid -según dijo este último con conocimiento del presidente de la República, Santiago Peña- decidió cortar con esta colaboración internacional con la DEA. Según el ministro del Interior, Enrique Riera, supuestamente la cooperación continuará a través de la Policía, pese a que en realidad se disuelve esta Fuerza de Tareas Conjuntas que refiere el acuerdo.
En la Cláusula Quinta del documento firmado en 2016, se establece que una parte fundamental es la labor conjunta y coordinada entre la Policía Nacional, la Senad y DEA y para ello se creó un “comité de coordinación interinstitucional”, integrado por estas tres partes, “con el fin de coordinar la eficacia de las tareas administrativas, trabajos de inteligencias, investigaciones y actividades tácticas operativas”.
Es especialmente grave que el Comandante de la Policía, Carlos Benítez se haya debido enterar del “divorcio” decidido por la Senad a través de la prensa, ya que tanto él como Rachid forman parte del comité, en carácter responsables estratégicos.
El acuerdo enfatiza que la misión de SIU “es la de cooperar mediante la capacitación, el equipamiento y el apoyo a las Unidades Especiales dentro de las fuerzas policiales y de organismos de seguridad del país anfitrión, con el fin de desarrollar y compartir inteligencia, realizar tareas investigativas criminales bajo la dirección judicial para desarticular, desmantelar y combatir las principales organizaciones internacionales” criminales dedicadas al narcotráfico.
Finalmente, en la cláusula final (7ª) se establece la cuestión relacionada a recursos y materiales para la FTC antidrogas, que establece desembolsos financieros a los cuales la Senad también renunció. Asimismo, se señala que, en caso de cualquier desavenencia, estaban abiertas las vías de diálogo para subsanar cualquier inconveniente.
“Esta adenda mantiene el espíritu que alentó la Firma de los convenios precedentes en cuanto que se basa en la integridad, la cooperación, buena fe y confianza mutua, en razón de lo cual las dificultades y los conflictos que llegaran a presentarse en cuanto a su interpretación, formalización o cumplimiento serán resueltos de común acuerdo o arbitraje acordado”, sostiene el documento.
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Finalmente, el gobierno de Peña avaló el quiebre en la cooperación sin tener en cuentas los operativos exitosos que se lograron con esta ayuda, entre ellos el histórico procedimiento “A Ultranza PY” y, paradójicamente, ahora pretende despotricar contra un programa al que el propio Cartes le abrió la puerta.