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ARP urge depurar el JEM y la justicia

Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Eulalio Lalo Gomes, diputado abatido y expresidente de la ARP regional Amambay.
Eulalio Lalo Gomes, diputado abatido y expresidente de la ARP regional Amambay.Gentileza

La Asociación Rural del Paraguay (ARP) expresó en un comunicado su profunda preocupación y enérgico repudio ante “un grave manejo político de la justicia en el país”. El gremio exigió así una investigación rápida, imparcial y exhaustiva por parte del Ministerio Público sobre los chats que demuestran un esquema entre políticos cartistas de negociados, aprietes y blanqueos a jueces y fiscales.

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Puntualmente, el caso involucra al exmiembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el ahora exdiputado Orlando Arévalo (ANR, HC) quien renunció hoy a la Cámara Baja, y el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes (ANR, HC), expresidente de la regional de Amambay de la ARP abatido en un operativo antidrogas.

En su comunicado, la ARP también exige la depuración inmediata de las instituciones involucradas, garantizando que jueces, fiscales y miembros del JEM actúen con independencia y transparencia.

Igualmente, urgen el fin de la injerencia política en la justicia, “que socava la institucionalidad y debilita el Estado de derecho” así como mayor control ciudadano y acceso a la información, para que la sociedad pueda ejercer su derecho de fiscalizar a las autoridades judiciales.

Falta de independencia judicial

El gremio sostiene que las conversaciones extraídas exponen un entramado de corrupción que involucra a miembros del Poder Judicial, el Ministerio Público y el JEM “desnudando una preocupante falta de independencia en la administración de justicia”.

“Las pruebas divulgadas revelan negociaciones ilegítimas que afectan directamente la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y otros delitos que golpean a nuestra sociedad”, señalan.

Recalcan estudios “Latinobarómetro 2024″ donde se expresa que solo 23% de los ciudadanos confían en el Congreso Nacional y apenas un 28% de los paraguayos confían en el Poder Judicial.

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