El juez Humberto Otazú prohibió innovar y contratar sobre la vivienda que el diputado cartista Esteban Samaniego y su esposa, la intendenta también cartista de Quyquyhó, Patricia Corvalán, que construyeron en un inmueble que está a nombre de Blanca Álvarez Vda. de Samaniego, madre del legislador.
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El Ministerio Público sostiene que la construcción de la vivienda se hizo con el dinero desviado de la municipalidad de Quyquyhó, cuando el ahora diputado Samaniego fungía de intendente. El juez Humberto Otazú consideró que se estaría ante la existencia de bienes susceptibles de ser comisados u otra sanción accesoria, en caso de recaer una sentencia condenatoria a futuro en contra de los acusados. La causa está estancada a favor del diputado cartista, ya que la Cámara Baja nunca lo desaforó, pese a los cinco pedidos pendientes.
La casa en Asunción
Se trata de una vivienda ubicada en el barrio San Vicente de Asunción, de propiedad y titularidad de la madre del diputado Samaniego y conforme a la investigación del fiscal Corbeta, fue construida con múltiples mejoras entre los años 2017 y 2018, por Esteban Samaniego Alvarez, cuando era intendente de Qyuquyhó.
Según la investigación del Ministerio Público, la pareja de políticos obtuvo beneficios económicos indebidos a costa del desvío de los recursos provenientes de la comuna administrada por Esteban Samaniego, por un valor total de G. 1.108.599.918, que fue invertido en bienes raíces por el citado matrimonio, específicamente en la edificación y construcción de la vivienda hoy ocupada por la madre del parlamentario cartista.
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Según la acusación presentada por el fiscal Corbeta, del monto total de la obra, G. 1.108.599.918, la construcción fue facturada a nombre de la empresa multiproveedora de Quyquyhó, de maletín, BH Services SRL, del coacusado Andrés Arrúa, por la suma de G. 563.016.918 y el saldo restante G. 545.583.000 a nombre de la empresa constructora CX Construcciones.
Este procedimiento fue a solicitud, del matrimonio, por tanto no fue facturada a nombre de Patricia Corvalán ni de Esteban Samaniego, con quienes se mantuvo la relación comercial debido a que fueron quienes encargaron la construcción de su vivienda y abonaron la obra, con el objetivo de no dejar registros de la operación económica y de la inversión realizada.
Blanca Álvarez Vda. de Samaniego, está acusada por presuntamente contribuir al incremento patrimonial indebido suyo y de su hijo y de su nuera. Según el Ministerio Público, realizó y suscribió las gestiones administrativas ante la Municipalidad de Asunción para que se ejecuten todas las mejoras y construcciones encomendadas por el matrimonio, siendo la titular del inmueble, que supuestamente fue con dinero proveniente de recursos públicos.
A la madre del diputado cartista se le atribuye por su lado comisión del hecho de Administración en Provecho Propio, en calidad de cómplice.
El magistrado consideró que se estaría ante la existencia de bienes susceptibles de ser comisados u otra sanción accesoria en caso de recaer una sentencia condenatoria a futuro en contra de Blanca Álvarez Vda. de Samaniego. La prohibición de innovar y contratar, permitirá preservar la propiedad de circunstancias que podrían alterar dicho estado y con ello influir sobre las resultas del proceso.
En esta causa está acusada la intendenta de Quyquyhó Patricia Corvalán, y otras 13 personas, mientras que el diputado Esteban Samaniego sigue escudado en sus fueros, con la complicidad de sus colegas cartistas y aliados, para evitar ser investigado.