Legisladores de la oposición, abogados constitucionalistas y otros se reunieron hoy en el Congreso Nacional para una audiencia pública convocada por el senador José Oviedo (Yo Creo) para debatir una solución a la crisis institucional que atraviesa el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, manchado por un escándalo de tráfico de influencias.
La filtración de conversaciones vía mensaje de texto del fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes (ANR) reveló que este ejercía influencia sobre el Jurado de Enjuiciamiento a través del exdiputado Orlando Arévalo (ANR), representante del Congreso en ese órgano judicial, y operó para salvar de procesos a cuestionados jueces o fiscales.
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El escándalo obligó a Arévalo a renunciar primero a su puesto en el Jurado y posteriormente a su banca en la Cámara Baja.
La respuesta de algunos miembros del Congreso, que continúa en receso hasta la próxima semana, ha sido plantear cambios en aspectos del reglamento del Jurado como la duración del mandato de sus integrantes o la forma en que estos son seleccionados.
El senador Oviedo presentó un proyecto de ley que propone que los representantes del Congreso en el Jurado sean designados por elecciones populares y duren cinco años en sus puestos, mientras que otra propuesta del senador Éver Villalba (Partido Liberal Radical Auténtico) plantea impedir que el Jurado inicie investigaciones de oficio.
Viabilidad y constitucionalidad
Antes de ingresar a la audiencia, el abogado constitucionalista Jorge Rolón Luna dijo a medios de comunicación que dijo ver como dudosa la “viabilidad y constitucionalidad” de algunas partes del proyecto del senador Oviedo, particularmente el punto de que los representantes ante el Jurado sean elegidos en votaciones populares.
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“El sistema de selección de jueces habría que analizar si es problema de diseño institucional o constitucional, no son nuevos los vicios que la gente señala”, dijo.
Agregó que difícilmente cambios en el modo de selección puedan tener un “efecto mágico” que arregle “un sistema tan viciado”.
Reducir la discrecionalidad
Por su parte, el abogado Manuel Riera opinó que una reforma efectiva del Jurado de Enjuiciamiento debe plantear una limitación del poder público de los juzgadores, ofrecer un esquema de garantías para las personas que van a ser juzgadas y tomar pasos para reducir al mínimo la discrecionalidad.
En ese sentido, consideró que la eliminación de las investigaciones de oficio del Jurado “es un paso” positivo.
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“La acumulación de poder público sigue siendo el gran problema, si desmembramos eso, lo dividís entre mucha gente, la cuestión es mejor controlable”, subrayó.
Opinó que la elección popular de representantes ante el Jurado “no corresponde”, con el argumento de que “la legitimidad de una sentencia no reposa en los votos” y consideró que el periodo de cinco años tampoco es conveniente cuando “los que están ahí se corrompen en un año”.