El 14 de febrero del año pasado los senadores cartistas y sus aliados “opositores” expulsaron a la senadora Kattya González (PEN), una de las principales voces disidentes al gobierno de turno. El cartismo movió sus tentáculos para reunir un ajustado número de 23 votos y así cumplir la orden de Horacio Cartes y del comando político del movimiento oficialista.

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El 27 de febrero, Kattya presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de su expulsión. Desde esa vez, González ya solicitó un total de ocho urgimientos a la Corte, sin embargo, ese organismo sigue sin atender el caso. La Fiscalía, en su dictamen sobre el particular, consideró que la expulsión de la senadora fue inconstitucional y recomendó a la Sala Constitucional de la Corte hacer lugar al pedido, pero el máximo tribunal de la República sigue sin expedirse sobre el tema.

El dictamen firmado por la fiscal adjunta, Artemisa Marchuk, señala que el Senado violó su propia resolución Nº 429/2023 que reglamentaba la pérdida de investidura, “razón por la cual se ven vulnerados el Estado de Derecho y el principio de legalidad, receptado (sic) en los artículos 1 y 9 de la Constitución”.

El camarista Guillermo Zillich, quien iba a atender el expediente, renunció por jubilación y la Corte aceptó su renuncia el martes pasado. De esta manera, la Corte sigue en la búsqueda del integrante N° 9 para integrar la sala y expedirse sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por la senadora Kattya González hace 14 meses.