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Intentarán tratar ley “antiapriete de Nenecho”

Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Nenecho aprieta a los contribuyentes de Asunción, pero no a las instituciones públicas, los grandes morosos.
Nenecho aprieta a los contribuyentes de Asunción amenazando con ponerlos en lista negras de morosos.Gentileza

El proyecto de ley coloquialmente bautizado “anti apriete de Nenecho”, que busca prohibir una nefasta práctica de aprietes a los contribuyentes instalada por el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista), figura para su tratamiento hoy entre los últimos puntos (14º) del orden del día de la sesión ordinaria de hoy la Cámara de Diputados.

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El proyecto de ley, presentado por el diputado Daniel Centurión (ANR, Fuerza Republicana), “que modifica el artículo 15 de la Ley Nº 6534/20, de protección de datos personales crediticios”, plantea prohibir taxativamente la inclusión de contribuyentes morosos a “listas negras” financieras (Informconf y otros).

Esta práctica fue instaurada por “Nenecho” Rodríguez como mecanismo de presión y amenaza para que los asuncenos paguen sus impuestos, los cuales, aparentemente, no encuentran motivación alguna en la pésima gestión del jefe comunal cartista.

El proyecto de ley planteado no obstante –de sancionarse y promulgarse– regirá además de prohibir estas “listas negras” también impide a los municipios ejercer otros mecanismos de presión, como el negar otros servicios a los que están en mora.

“Queda prohibido el uso de dicha información para condicionar, negar o restringir el acceso a servicios municipales, permisos, habilitaciones, pago de impuestos, tasas y contribuciones especiales, licencias u otros trámites administrativos”, señala el texto propuesto.

Penas por liberar presos

Por otra parte el proyecto de ley “que modifica y amplía el artículo 294 de la ley Nº 1160/97, Código Penal paraguayo”, aumentando las penas para cómplices sobre liberación de presos, figura en el 6º punto.

Actualmente, en todos los casos de complicidad para fuga de reos, la pena máxima es de 5 años, en los casos de poseer como agravante el ser funcionario público especialmente asignados a evitarlo.

Lo que se plantea es elevar las penas hasta 10 años en este último caso, y hasta 15 años de prisión en el caso de que la fuga permita la liberación de más de un reo.

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