Mirtha Fernández (PLRA), intendente de Valenzuela (Cordillera) y otras 11 personas fueron acusadas en marzo del 2023 por los fiscales Diego Arzamendia y Néstor Coronel, por los presuntos hechos punibles de Lesión de Confianza, Declaración Falsa, Asociación Criminal y otros delitos. Sin embargo, desde entonces las dilaciones judiciales entorpecieron el proceso, pues cada uno de los procesados se turnaron para chicanear y así evitar la audiencia preliminar para conocer si la causa se eleva o no a juicio oral y público.
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal especializado en Delitos Económicos, el pasado 5 de marzo, confirmó la resolución del juez Estigarribia que fijó fecha para audiencia preliminar. Sin embargo, los abogados defensores Javier Lezcano, Juan Carlos González y Raquel Acuña volvieron a recusar al magistrado y así lograron suspender una vez más la diligencia.
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Asimismo, los abogados defensores de la intendenta de Valenzuela presentaron el recurso extraordinario de casación contra el A.I. Nº34 dictado el pasado 5 de marzo por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal que sigue sin resolverse y, debido a eso, la audiencia preliminar no puede ser sustanciada.
La abogada María Esther Roa, presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, presentó un urgimiento a la presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Carolina Llanes para la pronta resolución de los recursos interpuestos por la intendenta de Valenzuela y, de esa manera, se pueda desarrollar la audiencia preliminar.
Según la acusación fiscal, la intendenta de Valenzuela Mirtha Fernández armó una red de corrupción integrada por funcionarios municipales y empresas constructoras de maletín para desfalcar a la comuna G. 1.199 millones durante el 2019.
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El hecho fue denunciado por varios concejales que ingresaron a la página de la Contraloría General de la República para verificar la rendición de cuentas de la intendenta y, al verificar las supuestas obras ejecutadas, no se encontraron, aunque en los papeles estaban concluidas.
Además, se detectaron obras que fueron pagadas dos veces y cheques que fueron supuestamente para comisiones vecinales, pero que eran cobrados por funcionarios municipales ligados en la red de corrupción municipal.