El acusado Guido Ramón Vargas Gaete (exsecretario municipal del entonces intendente de Quyquyhó Esteban Samaniego, actual diputado) había recusado al juez Humberto Otazú y logró suspender la audiencia preliminar de la actual intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, esposa del parlamentario y de otros acusados por supuesto desvío de fondos.
Lea más: Fiscalía pide prisión de acusados en causa que involucra al diputado cartista Samaniego
El planteamiento fue presentado por el abogado Juan David Campuzano, quien alegó que el juez penal de garantías, Humberto Otazú, habría adelantado criterio al referirse a Vargas como supuesto cómplice en el momento de imponer medidas cautelares.
Sin embargo, para el Tribunal de Apelación Penal, Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, Segunda Sala integrado por los magistrados: Arnulfo Arias, Mario Camilo Torres y Paulino Escobar el motivo alegado, no se adecua a la situación prevista para recusar al juez.
De esta manera, el juez penal de Garantías, Humberto Otazú puede fijar nueva fecha para la audiencia preliminar.
En la causa están acusadas Patricia Corvalán y Blanca Álvarez Vda. de Samaniego, esposa y madre del parlamentario Esteban Samaniego, respectivamente.
Además, otras doce personas, entre funcionarios municipales, empresarios y contratistas supuestamente vinculados a la red que desvió fondos de la municipalidad de Quyquyhó durante la gestión de Esteban Samaniego.
Si bien el diputado también está investigado, no puede ser acusado debido a sus fueros parlamentarios. En la Cámara Baja hay cinco pedidos de desafuero, pero el cartista sigue blindado por sus pares.