La intendenta Mirtha Fernández (PLRA) lleva 29 meses evitando la realización de su audiencia preliminar en donde se debe determinar si su caso va o no a juicio oral.
La liberal está acusada por lesión de confianza por una supuesta malversación de G. 1.999 millones durante su gestión del 2015.
Mirtha Fernández está por culminar su tercer periodo municipal en el 2026, y este último periodo también se caracterizó por una falta total de transparencia.
La intendenta fue imputada en abril de 2022 y acusada en marzo de 2023 y los fiscales Diego Arzamendia y Néstor Coronel pidieron que la causa se eleve a juicio oral y público.
Sin embargo, desde esa fecha no se puede hacer la preliminar, pues los doce acusados junto a Mirtha Fernández se turnan para chicanear en el proceso. Hasta la fecha, ya se realizó 20 presentaciones dilatorias, entre incidentes, recursos y excepciones para paralizar el proceso.
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Los acusados
Los acusados, además de la intendenta, son Cristhian Flecha Fernández, tesorero de la Municipalidad de Valenzuela; Arq. María Luz Balbuena Villalba, funcionaria de la Cámara de Diputados; Elvis Ramón Balbuena López, fiscalizador de obras; y Simón Candia Rolón, representante legal de la empresa Marías Group SA.
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Asimismo, están acusados Carlos Samudio Sánchez y Aníbal Samudio Sánchez, proveedores del Estado; Sergio Ariel Flecha Fernández, funcionario municipal (hermano del tesorero).
También Adolfo Mendoza Álvarez y Maglio César Nelson Muñoz Díaz, contratistas; Dora Villagra Patiño, secretaria general de la Municipalidad de Valenzuela; Verónica Acosta Cantero y Francisca Espínola, secretarias del municipio.
Estas personas, supuestamente, estarían implicadas en una red creada entre empresas constructoras y funcionarios municipales para desfalcar a la comuna de Valenzuela G. 1.199 millones, proveniente del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y Royalties durante el año 2019.