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¿La tercera es la vencida?: Insisten con ley de datos personales, donde está en juego la transparencia

Este artículo tiene 1 año de antigüedad
La ley de datos personales fue planteada con el fin de resguardar datos sensibles de la ciudadanía, pero los cartistas aprovecharon para tratar de aniquilar las leyes de transparencia y acceso a información pública.
La ley de datos personales fue planteada con el fin de resguardar datos sensibles de la ciudadanía, pero los cartistas aprovecharon para tratar de aniquilar las leyes de transparencia y acceso a información pública.Daniel Galilea

Por tercera semana consecutiva la Cámara de Diputados incluyó en el orden del día para su tratamiento en su próxima sesión, el proyecto de ley de “Protección de Datos Personales en la República del Paraguay”, que tiene como trasfondo peligroso la posible aniquilación de las leyes de transparencia del manejo de fondos públicos y de Acceso a Información Pública (AIP).

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Ayer, una vez más, el tratamiento del controversial plan de ley fue postergado por la falta de quorum en la Cámara Baja, sobre el cual están puestas todas las miradas ya que esta versión es la más atentatoria contra los intereses y derechos ciudadanos de acceso a información pública.

Esto es debido a que de ratificarse la versión de la Cámara Baja, mataría las leyes Nº 5282 de “libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”, y la 5189/2014, “que establece la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los recursos públicos”.

Según señaló a ABC 730 AM el abogado y activista en favor del libre acceso a la información pública, Ezequiel Santagada, si bien la versión del Senado pondría trabas a las leyes de transparencia, el de Diputados directamente las mataría.

El jurista fundamentó diciendo que “todo lo que no sea transparencia activa y cuando se haga una solicitud de acceso a información que involucre a algún funcionario, no me cabe la menor duda, a juzgar por el comportamiento que tienen, que van a utilizar la nueva redacción para tener interpretaciones administrativas creativas y empezar a negar en forma masiva solicitudes”.

La mayoría cartista en Cámara Baja necesita de mayoría absoluta (41 votos) si pretende ratificarse en su nefasta versión. De lograrlo, la última palabra la tendrá el Senado, que también por mayoría absoluta (23 votos en su caso) podrá imponer su versión (menos dañina).

De lo contrario, quedará como última instancia el Poder Ejecutivo, que pese a tener la potestad del veto (total o parcial), no ha demostrado mucho compromiso con la transparencia. Al contrario, ha apañado casos de “nepobabies”, entre otros.

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