Entre los anexos del informe final del interventor Carlos Pereira a la gestión del entonces intendente cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez (imputado) se observan el pago de la millonaria cifra de G. 12.988.026.697 por labores, insumos y servicios “fantasma”, ya que no hay certeza real de que hayan sido usados correctamente en favor de los contribuyentes asuncenos.
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Durante la gestión de Nenecho habrían hecho “canilla libre” de combustible y leche, ya que se menciona que no hay certeza real sobre la provisión de estos productos que fueron pagados con parte de los G. 360.000 millones de los Bonos G8 (ver infografía).
En cuanto a la leche, no hay registros ciertos sobre el destino de remanentes, mientras que, respecto a la carga de carburante, donde se señala que “el legajo de pagos que el informe de consumo de combustible no permite determinar si la aplicación del insumo fue únicamente en los vehículos de la institución y su uso para fines institucionales”.
Tampoco se pudo dar fe sobre uso de baterías y cubiertas de vehículos. Además, solo en “compra de bolsas de basura” se gastó G. 579.901.091, pero si que exista un “un sistema de control de inventario de los insumos de limpieza implementados en el área de manera a dar eficiencia y racionalización al gasto y permita planificar futuras compras del insumo”.
Respecto al pago por servicios de alquiler de recolectores de basura, se menciona que las órdenes de trabajo carecían de datos básicos como nombre, trabajo asignado y otros. También hicieron figurar “que los choferes realizan jornadas continuas de trabajo sin pausa de hasta 11:55 horas diarias, sin intervalo de descanso, lo que no resulta razonable desde el punto de vista operativo y humano”. Tampoco hay rastro cierto sobre materiales de construcción y otros rubros.
Por otra parte, también se menciona respecto a compra de insumos asfalticos para la Dirección de vialidad por unos G. 3.255.290.532 que no se observa “el informe de Inventario del Insumo al cierre del ejercicio 2023, el cual por la cuantia y valor de los bienes adquiridos, debería registrarse como Activo en la Contabilidad Institucional”.
También se reportan pagos presuntamente irregulares por Consultoría respecto a las cuestionadas obras que debían ser construidas con los bonos.
Se le pagó de forma adelantada a los consultores el 30% del valor de la consultoría, violando la ordenanza 28/22, que establece que “la Intendencia Municipal contratará profesionales para la fiscalización de obras con un equivalente de hasta el 2% con cargo a los bonos, contratará con recursos propios a profesionales para el diseño del proyecto ejecutivo de la obra".