La diligencia judicial contra la jefa municipal Mirtha Fernández, contra quien existe orden de captura, se realizará después de 29 meses de incidentes dilatorios generados por los procesados.
Fernández fue acusada el 15 de marzo de 2023 junto con otras once personas por lesión de confianza, asociación criminal y otros hechos por un supuesto daño patrimonial a la Comuna de G. 1.199 millones.
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Desde la clandestinidad, el 2 de este mes la intendenta solicitó permiso en sus funciones a la Junta Municipal, teniendo en cuenta que se mantiene prófuga desde el 28 de agosto.
Junto con Fernández fueron acusados también: Elvis Ramón Balbuena López, fiscalizador de Obras; María Liz Fleitas, representante de la firma MLF Constructora y Proyectos; Blásido Albino Candia, representante de BC Constructora; y los funcionarios Carlos Samudio Sánchez y Aníbal Samudio Sánchez. También Sergio Ariel Flecha Fernández, Maglio César Nelson Muñoz Díaz e Inocencio López.
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En tanto, Verónica Acosta y Silvia Espínola, quienes se desempeñaron como secretaria, fueron acusadas por producción de documentos no auténticos, lesión de confianza en carácter de cómplice, declaración falsa y asociación criminal. Espínola logró extinguir la causa penal tras cumplir con las reglas de conducta y hacer una donación.
Según el acta de acusación, las rendiciones de cuentas presentadas por la administración municipal ante la Contraloría indicaban que fueron ejecutadas 10 obras en el año 2019 y que fueron pagadas íntegramente, pero que en una fiscalización nunca las encontraron.
Es decir eran obras fantasmas. Los ediles, luego de no hallar las supuestas obras, presentaron la denuncia.