Mientras el gobierno de Santiago Peña respondió con brutalidad y represión la manifestación ciudadana que tenía como eje central el reclamo contra la corrupción, su llamada “aplanadora del bien común” en Diputados podría por terminar de pisotear hoy una de las pocas herramientas ciudadanas para el control a sus autoridades, como lo son las leyes de transparencia gubernamental y acceso a información pública.
El proyecto de ley de “protección de datos personales” figura como punto 15 de los 18 que componen el orden del día de Diputados de la fecha, convocada para las 9:00, aunque su sola inclusión en el orden del día permite que, si así lo quieren la mayoría cartista junto a sus satélites, tranquilamente podrían definirlo en la fecha.
El nombre del proyecto de ley es una fachada, ya que los cartistas bastardearon el objetivo loable de la iniciativa e incluyeron en el artículo 24 cuestiones atentatorias contra las leyes Nº 5189/14 (sobre provisión de informaciones de uso de recursos públicos) y la Nº 5282 (de libre acceso ciudadano a la información y transparencia gubernamental).
Inicialmente, en el borrador del orden del día estaba en el punto 2, pero en el oficial ya lo llevaron al 15, por lo que tampoco se descarta que lo sigan dilatando, tal como lo vienen haciendo desde el 19 de agosto pasado.
Semana tras semana lo incluyen en el orden del día, para finalmente no tratarlo, ya sea por pedidos de postergación o bien, por falta de quorum.
Se encuentra en su tercer trámite, por lo que en esta instancia ya no hay posibilidad de rechazo, sino que simplemente Diputados deberá optar entre la opción más nefasta (la suya), o la menos peor, la del Senado, ya que ambas versiones atentan contra la transparencia aunque en diferentes medidas.
Ambas versiones establecen que cualquier funcionario se puede oponer a que se provea información que es pública (según la Constitución Nacional y las leyes vigentes), y que será un órgano dependiente del Ejecutivo el que definirá finalmente si deniega o no la información.
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La versión Senado al menos mantiene la obligación de información pública básica, tales como las planillas de salarios de los funcionarios, aunque también dificultaría el acceso a datos públicos.
La mejor opción sería que el presidente de la República, Santiago Peña haga uso de su facultad del veto parcial, y elimine el artículo 24, lo cual se ve difícil, ya que ha demostrado nulo interés en la transparencia pública. Es más, ha defendido casos de “nepobabies”.
Además, se ha visto complicado por las obligaciones que derivan de su condición de persona pública, viéndose, por ejemplo, obligado -tras ser pillado por la prensa- a renunciar a sus acciones en Ueno Holding, donde era socio comercial del líder del Grupo Vázquez, Miguel Vázquez, uno de los empresarios mimados con licitaciones y depósitos públicos por parte de su gobierno.
Las posibilidades y los números
En el caso de que la mayoría cartista y sus satélites pretendan ratificarse en su nefasta versión, necesitarán de mayoría absoluta (41 votos), con la cual, en caso de no sufrir ausencias, cuentan de sobra, ya que la bancada de Honor Colorado más sus satélites de la bancada colorada B son 44. Si no se ratifican en su versión, quedará sancionada la versión Senado.
La otra opción es que sigan postergando y no tratar el proyecto por un mes más, ya que tendrá sanción automática el 8 de noviembre. Sería la salida “cobarde”, ya que en dicho caso, se sancionaría la versión Senado, aunque sin asumir públicamente la reculada.
Finalmente, si se ratifican los diputados, la última palabra la tendrá el Senado, que, por mayoría absoluta (23 votos en su caso) puede sancionar su versión del proyecto. De lo contrario quedará firme la de opción más nefasta.