El presidente Santiago Peña sigue sin responder a los cuestionamientos que apuntan a su persona y su círculo cercano, volcadas en denuncias ante la Fiscalía.
Un punto crucial es el acrecentamiento patrimonial. Entre 2017 y 2023 su patrimonio neto se disparó un 1.603 %, dejando –según la denuncia– una brecha inexplicada de G. 9 .200 millones, pese a haber sido considerado persona expuesta políticamente (PEP) durante dos años tras dejar la cartera de Hacienda. Tampoco responde sobre una lujosa camioneta vinculada al proveedor de pupitres chinos, transferida a una compañía del mandatario en enero de 2023.
A pesar de incontables intentos de negar la existencia de sobres con dinero hallados en Mburuvicha Róga, el abogado Óscar Tuma terminó por confirmar el jueves último que el director financiero de la Presidencia, César Ibarrola, le confesó la devolución de sobres con dinero por parte de la exfuncionaria Luz Candado.
En cuanto al uso de dinero en efectivo y la emisión de facturas a nombre de terceros, sigue la incógnita sobre los mecanismos de control. A pesar de que existen claras normativas de DNIT y Seprelad al respecto, autoridades se prestan al silencio de Peña. Desde presidencia también siguen sin demostrar la existencia de una norma que legitime el uso del polígrafo en civiles.
Peña sigue sin explicar tanto las sospechosas visitas de empresarios a altas horas de la noche en la casa presidencial, a puertas de millonarias adjudicaciones de Hambre Cero, como también las acusaciones sobre presunto tráfico de influencias ligadas al Grupo Vázquez.
