Si bien el proyecto de ley de “protección de datos personales en la República del Paraguay” figura en el punto 15 (de 23 en total) del orden del día de la sesión ordinaria fijada para las 09:00 de hoy, supuestamente en la última reunión de mesa directiva (donde hubo masivas ausencias) se acordó tratar sí o sí hoy este proyecto que viene siendo pateado para adelante desde el pasado 12 de agosto.
Más que por desinterés, la dilación se debe a la controversia que generó la inclusión del artículo 24, el cual tanto en su versión Diputados como –en relativamente menor medida– en la del Senado, atenta contra las leyes Nº 5189/14 y la Nº 5282 de transparencia de datos públicos.
Diputados en esta instancia deberá optar entre ratificarse en su versión (que es la más cuestionada) o aceptar las modificaciones del Senado, que al menos mantiene parte de la llamada transparencia activa, que se refiere a la publicación de datos básicos de manera obligatoria y mensual, como ser las planillas de funcionarios, sus salarios y beneficios.
Sin embargo, ambas iniciativas establecen que cualquier funcionario puede oponerse a la divulgación de datos públicos, y que las que deberán definir si proveen o no la información son las propias instituciones del Estado.
La definición recaerá en manos de la mayoría oficialista (cartista y sus satélites), donde requieren de mayoría absoluta (41 votos) para ratificar su versión, de lo contrario se sancionará la del Senado.
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La iniciativa legislativa se había iniciado con un fin loable, que era el de resguardar los datos de los ciudadanos, ya sea los básicos como de identidad, contactos y otros, así como otros más sensibles, como son lo biométricos (huella dactilar, pupila, faciales, etc.) y los bancarios, sin embargo, los cartistas –en connivencia con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic)– lo bastardearon, atacando las leyes de transparencia.
No es la primera vez que el oficialismo se muestra hostil contra derechos del ciudadano a requerir a sus autoridades y acceder a datos públicos, ya que el presidente de la República, Santiago Peña, también prostituyó la ley que castiga el conflicto de interés en la Función Pública y se ha mostrado molesto al ser pillado en posesión de una flamante mansión en San Bernardino y de acciones de las cuales luego se tuvo que deshacer.
Proyecto sobre datos personales vence el 8 de noviembre
En el caso de que concrete una nueva postergación, quedarán tres últimas chances antes de la sanción automática, que tiene como fecha límite de tratamiento el 8 de noviembre.
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Es decir, podría ser tratado en las sesiones ordinarias del 21 y 28 de octubre, o bien, en la del 7 de noviembre. Si Diputados se ratifica, vuelve a Senado para su último trámite.