Esta reacción del oficialismo surge después de que el cartismo acordara con el Poder Judicial anular la rotación obligatoria y bianual de circunscripciones judiciales departamentales. Con esto aprobado, los ministros de la Corte pueden volver a tener sus señoríos feudales por décadas.
El proyecto de ley se denomina “Que establece plazos obligatorios para la admisibilidad de las acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia”. Según el legislador, la mora en este tipo de trámites genera demoras prolongadas e incertidumbre jurídica.
El proyecto establece que la Corte Suprema de Justicia deberá dictar resolución fundada de admisión o rechazo liminar dentro de un plazo máximo de 30 días hábiles, contados desde la presentación completa de la acción.
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Mal desempeño de funciones
La propuesta también establece que las acciones de inconstitucionalidad tendrán carácter de trámite preferente y que el vencimiento del plazo sin resolución será considerado mal desempeño de funciones.
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Aguilera plantea obligar a la Corte a publicar trimestralmente informes estadísticos sobre el número de acciones presentadas, admitidas y rechazadas.
En su exposición de motivos, el legislador argumenta que la falta de plazos permite que numerosos expedientes permanezcan “meses o incluso años sin una decisión inicial, lo que afecta el debido proceso y debilita la tutela judicial efectiva, garantías consagradas en los artículos 16 y 17 de la Constitución”.