8 de septiembre de 2026

La Cámara de Diputados en sesión extraordinaria de hoy aprobó en general, pero postergó por 8 días dos proyectos para endurecer leyes contra padres que incumplen con el deber alimentario para sus hijos. Se trata de la conocida como “Ley Memby” para agilizar cobro de pensiones, ya que de los 48.000 casos judiciales, solo el 2% se resuelve. y otra iniciativa, que aumenta los castigos contra los padres irresponsables registrados en en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (Redam).


Diputados colorados coinciden que para disipar todas las dudas sobre la falta de fiabilidad de las máquinas de votación se haga la auditoría, pero no ven con buenos ojos una eventual suspensión de las elecciones municipales fijada para el próximo 7 de junio.

Diputados cartistas también se sumaron a la crítica por la suspensión del desfile militar, en ocasión de los festejos patrios, aunque apuntaron, no contra el presidente de la República, sino contra la ministra de Cultura, Adriana Ortiz Semidei y contra el ministro de Defensa, Óscar González.

Tras confirmarse la sentencia de 13 años por lavado de dinero y asociación criminal contra el senador colorado, el diputado Alejandro Aguilera reconoció que la situación golpea la imagen del Congreso. Aunque sostuvo que Galeano debería dejar su banca, subrayó que su futuro depende de la Cámara Alta y del Tribunal de Conducta partidario ante una eventual denuncia.

El diputado Alejandro Aguilera (ANR-HC) presentó un proyecto de ley para obligar a la Corte Suprema de Justicia a resolver en un mes cualquier acción de inconstitucionalidad. El legislador es representante de la Cámara Baja ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), por lo que actualmente se erige como “juez de jueces”.

El diputado Alejandro Aguilera presentó un proyecto de ley con el que busca garantizar la celeridad y seguridad jurídica en el trámite de las acciones de inconstitucionalidad. “La ausencia de plazos legales para resolver la admisibilidad genera demoras prolongadas, incertidumbre y afectación a la tutela judicial efectiva”, señala el texto del legislador.