El senador Eduardo Nakayama (independiente) había denunciado que el ministro de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez, fue beneficiado con un lote de 12 hectáreas sobre el río Paraguay a través de un esquema “criminal vinculado” al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), que facilitó el despojo de propiedades públicas en la zona del puente de Carmelo Peralta.
Según Nakayama, el lote de 12 hectáreas -padrón N° 313- fue adjudicado a Alba Marlene Rodríguez Escobar y esta luego habría vendido ese terreno a la empresa South American River Company SA (Sarcom), del cual es parte el ministro Giménez.
De acuerdo a los registros publicados por el Servicio Nacional de Catastro, el padrón N° 313 figura efectivamente a nombre de la empresa Sarcom SA.
Esta firma, según su página web oficial, es una compañía de servicios de logística, situada en la Hidrovía Paraguay-Paraná.
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Confirma participación, pero rechaza irregularidades
En conversación con ABC Cardinal, Giménez confirmó hoy que es accionista de Sarcom SA. y justificó la operación de compra. Además, descartó que haya sido parte de un “esquema criminal” como acusó Nakayama, pues asegura que “fue una operación entre privados”.
De acuerdo con el ministro, Sarcom SA —de la que posee el 6% de las acciones— adquirió en enero de 2023, seis meses antes de su llegada al cargo, el inmueble que pertenecía a Rodríguez Escobar. Esta, a su vez, había comprado los derechos sucesorios de los herederos de un hombre identificado como Hipólito.
Giménez añadió que dichas tierras fueron adjudicadas a Hipólito originalmente por el Indert en la década de 1960.
“Aclaré con documentos de forma categórica clara que ni yo ni mi empresa tuvo relación con el Indert, de ninguna forma; ni de compra, permuta o adjudicación. Fue una operación entre privados que escapa de este ambiente de acusaciones. Le solicito al senador Nakayama que sea un poco más responsable a la hora de referirse sobre las personas sin haber investigado antes”, dijo.
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Verificaron legalidad de la operación
El titular del MIC aseguró que la naviera de la que forma parte sometió a verificación la legalidad de las tierras antes de concretar la compra.
“Abogados arrojaron un dictamen que decía que la transacción entre particulares, en este caso, entre la empresa y Alba Marlene, quien había comprado. Acá no hay ninguna relación entre la empresa y el Indert”, mencionó.
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En esa línea, sostuvo que el senador Nakayama lanzó acusaciones sin ningún sustento.
Además, afirmó que acompaña el desarrollo económico de Carmelo Peralta y que “desearía que las tierras caigan a manos de desarrolladores, empresas y la industria”.