Luego de que un Juzgado Penal de Sentencia, a cargo de la jueza María Fernanda García de Zúniga haya negado la acción de amparo constitucional que buscaba liberar los registros de visitantes en la residencia presidencial, los abogados Ezequiel Santagada y Federico Legal presentaron una apelación el pasado domingo.
Ahora, Santagada detalló que el Tribunal de Apelación Penal que deberá atender el recurso está integrado por Arnulfo Arias Maldonado -preopinante-, Digno Arnaldo Fleitas y Adriana María Giagni Rojas.
Al respecto, también mencionó que ya hay un “antecedente” con estos magistrados, ya los dos primeros formaron parte del Tribunal que había revocado la sentencia que obligaba a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) a entregar información sobre el Quincuagésimo Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
“A esa información se accedió, pero no se pudo hacer pública; los antecedentes no son los mejores”, lamentó.
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Amedrentamiento a quienes buscan información
Otro punto que detalló el especialista es que hay un “argumento perverso” por parte del Estado -principalmente mediante la Procuraduría- sobre que solicitar información de interés público sería como ser funcional al crimen organizado trasnacional o terrorismo.
“Es una forma perversa de dañar la honorabilidad de quienes solicitan información pública; pretenden generar intimidación y lo que se quiere ocultar es información que serviría para indicios de un control ciudadano sobre presuntos casos de corrupción, conflictos de intereses”, agregó.
Asimismo, sostuvo que por propia decisión del presidente Santiago Peña es que Mburuvicha Róga es la sede del Gobierno, mientras que el Palacio de López queda para cuestiones protocolares.
“Es habitual que se dé a conocer y se haga público el registro de visitantes; es una práctica en países de la región como Argentina y Perú”, concluyó.
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