El edil Rubén Pedrozo se comunicó con la Contraloría, teniendo en cuenta que la institución recientemente solicitó una medida de urgencia al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del segundo turno tras la persistente falta de remisión de documentos de parte del intendente cartista Gustavo Penayo.
El jefe comunal nunca remitió documentación alguna para que la Contraloría pueda auditar los ejercicios fiscales 2021 y 2022. Tampoco recibió a los auditores cuando llegaron hasta el municipio, por lo cual, la CGR pidió intervención judicial.
El edil indicó que no es la primera vez que se solicita al juzgado acceso a la información, pero, lamentablemente, el intendente sigue gozando de protección política que hace que se “cajoneen las denuncias”.
Según la nota del edil, no se sabe qué pasó de los G. 3.900 millones que el intendente recibió en concepto de Fonacide y royalties al asumir su cargo. Debido a la negativa de brindar información del uso de ese recurso, el Juzgado Penal de Garantías ordenó al intendente a entregar los documentos y, como no acató la orden, se realizó una denuncia penal en marzo del 2023.
La Fiscalía de Quiindy abrió una investigación, pero nunca avanzó.
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“El blindaje de la información está directamente relacionado con el desvío de recursos. La CGR no solo debe fiscalizar, sino que debe liderar la exigencia de consecuencias legales ante la impunidad”, dijo el edil