La Contraloría General de la República (CGR), a cargo de Camilo Benítez, hizo lugar al pedido del imputado exdiputado colorado Orlando Arévalo y su esposa, la concejala de Lambaré, Carolina González, de una prórroga de 20 días para responder a la serie de inconsistencias detectadas luego del análisis de sus respectivas declaraciones juradas. Según el informe preliminar del ente de control, el matrimonio colorado ocultó inmuebles, vehículos, depósitos bancarios y acciones en empresas.
En el caso de Orlando Arévalo, quien también ejerció el cargo de presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el ente de control detectó la falta de declaración de al menos 12 propiedades que están a nombre de su cónyuge y que la misma sí hizo constar algunas en sus DD.JJ. Se trata de tres inmuebles en Villeta, dos en San Juan Bautista (Misiones) y uno en Lambaré, además de seis lotes en Loma Plata (Chaco).
Asimismo, la CGR advirtió sobre inconsistencias en los valores declarados de las propiedades en Lambaré. Arévalo tampoco declaró cinco rodados que están a su nombre y de su cónyuge.
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Otra incongruencia detectada por la institución de control tiene que ver con acciones en dos empresas: Gestión Educativa del PY EAS y Kremlin SA (antes Zelianko SA), por G. 40 millones y G. 250 millones, respectivamente.
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El exdiputado tampoco declaró ganado a nombre de la concejala, además no hay registros en las instituciones de control sobre la actividad agropecuaria de cría de gallinas, de la cual –según el exdiputado– obtenía millonarios ingresos.
Arévalo tampoco declaró al menos cuatro cajas de ahorro habilitadas por su esposa, por diferentes montos.
La CGR también detectó que el exdiputado declaró una deuda de G. 401 millones un año antes de ser contraída, además de la significativa diferencia de G. 4.265 millones entre sus activos y pasivos al asumir en la Cámara Baja y al dejar el cargo en febrero pasado.
Por último, las DD.JJ. revelaron una diferencia de G. 115 millones entre sus ingresos y egresos al llegar al Congreso como también inconsistencia entre sus pasivos y deudas de tarjetas de crédito a nombre de Carolina González no declaradas por Arévalo.
En cuanto a la edil Carolina González, los principales hallazgos son inconsistencia en los valores de inmuebles declarados.
Por ejemplo, cita una propiedad en Lambaré cuyo valor era, según González, de 316 millones de guaraníes (G. 200 millones, terreno y G. 116 millones, construcción). Sin embargo, una planilla de cómputos métricos y presupuesto remitida por la Municipalidad de Lambaré revela que el precio de construcción es G. 551 millones. La concejala tampoco hizo constar ganado a su nombre y una embarcación a nombre de su esposo.
Beneficio para Jara y Vega
El presidente de Petropar Eddie Jara y su pareja sentimental, la diputada cartista Johana Vega, también lograron una prórroga de 20 días para contestar las observaciones encontradas por la Contraloría General de la República (CGR) luego del estudio de sus declaraciones juradas. El titular del ente de control, Camilo Benítez, había calificado de “escandalosos” los hallazgos con respecto a Eddie Jara.
Tanto Jara como Vega pidieron a la CGR una prórroga de 30 días para dar sus respuestas a las observaciones en sus respectivos exámenes de correspondencia. No obstante, la institución determinó dar una prórroga de 20 días a los funcionarios para el correspondiente descargo.
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Según la documentación del caso, el análisis documental y financiero realizado por la Contraloría sobre las DD.JJ. de Jara expone múltiples inconsistencias. Aparecen las autoasignaciones de viáticos sin respaldo migratorio, depósitos en efectivo por montos millonarios, transferencias desde cuentas de Petropar a su cuenta personal y un nivel de gastos que excede ampliamente sus ingresos declarados.
Esos depósitos en efectivo fueron por G. 1.001 millones en los bancos Itaú y Basa.