El llamativo contrato por 22 millones de dólares firmado entre la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y la empresa estadounidense Securiport Limited Liability Company (LLC), en diciembre pasado, se concretó en tan solo seis días, contados desde la publicación del “aviso de intención” hasta la “firma del contrato”, según documentos en la web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
El llamado, finiquitado en medio de un fuerte sigilo y por la vía de excepción, está destinado a la implementación del sistema de Información Anticipada de Pasajeros (API-PNR), en el Aeropuerto Internacional Silvio Petirossi con el objetivo de fortalecer el control migratorio y la seguridad aeroportuaria ante amenazas transnacionales.
Detalles del proceso de licitación de Migraciones
El jueves 11 de diciembre de 2025 a las 15:43 horas, se publicó el denominado “Aviso de Intención” N° 950 en el portal de la DNCP, indicando que se trataba de una contratación por “vía de la excepción”, por “razones técnicas” y para “garantizar la seguridad del Estado”.
El aviso incluía lineamientos básicos para que, supuestamente, oferentes puedan “presentar” sus ofertas conforme lo solicitado y preveía como fecha de apertura de las ofertas solo dos días hábiles después.
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Recién el lunes 15 de diciembre, la DNM emite la Resolución N° 997, firmada por su titular, Jorge Kronawetter, a través de la cual se aprobó formalmente la convocatoria y el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), constituyendo un Comité de Evaluación de Ofertas.
Ese mismo lunes 15, a las 16:00 horas, se llevó a cabo el Acto de Apertura de Oferta, registrándose como proponente único a la firma Securiport LLC, que presentó una propuesta económica de US$ 22,011,796, cifra idéntica al presupuesto referencial remitido anteriormente por la misma empresa.
El 16 de diciembre de 2025 se emitió el Dictamen DOC N° 32/2025 que estableció que la valoración de la oferta se basaría exclusivamente en la documentación de la casa matriz extranjera, evitando extender el análisis a sucursales locales. Acto seguido, el Comité de Evaluación emitió su informe recomendando la adjudicación, lo que derivó en la firma de la Resolución N° 1000.
El proceso licitatorio culminó el 17 de diciembre de 2025 con la formalización de la firma del Contrato N° 44/2025, suscrito entre la Dirección de Migraciones y el representante de la empresa, Federico Sánchez.
Los documentos contradicen a Kronawetter
En contacto con ABC, Jorge Kronawetter, titular de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), asumió una responsabilidad personalísima sobre el llamado y ofreció contradictorias explicaciones sobre la adjudicación de US$ 22.011.796 a la firma Securiport LLC.
La contradicción más evidente radica en su afirmación de haber analizado el mercado. “Vimos todas las distintas opciones. Lo que pasa es que las (otras) opciones son mucho más caras, que esta que estamos adquiriendo ahora”, señaló ayer en entrevista radial.
Sin embargo, el propio Dictamen de Precio Referencial de la DNM, con fecha del 4 de setiembre de 2025, confiesa explícitamente que no fue posible alcanzar la cantidad de tres presupuestos exigidos por la normativa y que se terminó validando, como fuente única, el presupuesto enviado por la propia Securiport vía correo electrónico.
Otra inconsistencia surge al abordar la transparencia y publicidad del proceso.
Kronawetter asegura que “descarta absolutamente que lo compramos en secreto”, aunque admite simultáneamente que “al ser por la vía de la excepción se obvian ciertos pasos de la libre concurrencia”.
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La selección “política” de la empresa adjudicada avanzó sin publicidad hasta el 11 de diciembre, a pesar que su preparación databa de meses, con gestiones internas de la DNM y otras entidades del Poder Ejecutivo.
Finalmente, Kronawetter mantuvo su posición de considerar el sistema como una cuestión de “seguridad nacional”, sin que diferencien criterios técnicos exclusivos de seguridad nacional frente a una compra de tecnología convencional.