En tiempo récord, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), bajo la gestión de Jorge Kronawetter, concretó la adjudicación de un contrato de US$ 22.011.796 a la empresa estadounidense Securiport LLC para la implementación de un sistema de información anticipada de pasajeros (API-PNR).
A través del Decreto N° 4991/2025, firmado por el presidente Santiago Peña, la entidad contrató por vía de la excepción, invocando razones de “seguridad nacional” y una supuesta complejidad técnica para eludir los procedimientos de licitación pública que garantizan la libre competencia.
Sin embargo, el análisis del expediente revela que la justificación utilizada colisiona directamente con los principios de la Ley N.º 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas.
El artículo 40 de dicha ley dice que se podrá realizar llamados vía excepción “para garantizar la seguridad del Estado” y siempre que “se encuentre debidamente justificada la imposibilidad de llevar adelante una contratación competitiva”.
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Además, su Decreto Reglamentario N° 9823/23 señala en el artículo 32 que la seguridad del Estado solo podrá invocarse cuando la utilización de los procedimientos convencionales y especiales establecidos en la ley “puedan causar algún daño”.
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Nefasto precedente
En los últimos meses, el Gobierno llevó a cabo varias licitaciones por vías competitivas en asuntos que implican también la gestión de datos sensibles y ligados a la seguridad del Estado, como compra de servidores, sistemas informáticos críticos hasta licencias de Red 5G.
En contraposición, la DNM con otros actores del Ejecutivo, tras una vaga justificación, hicieron el llamado calificado de “seguridad nacional” basándose principalmente en una necesidad estructural de mejorar el sistema aeroportuario y el “carácter reservado de los datos”, sin que exista una emergencia o criterios claros que la justifiquen.
Además, los sistemas API-PRN y de control fronterizo lo ofrecen múltiples empresas en el mercado y por ello, países como Brasil, España o Estados Unidos hacen concursos competitivos, por ser una tecnología civil y conocida.
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Pese a eso, el Gobierno contrató, por vía directa, a una firma investigada en África por recibir contratos a través de mecanismos similares.