Según anunció el presidente de la Comisión Permanente, senador Colym Soroka (ANR), los ministros de la Corte deberán responder puntualmente sobre dos ejes centrales: 1. La puesta a disposición de todos los resultados de las auditorías realizadas a los juzgados, incluyendo aquellos casos solicitados por la Comisión Especial que aún no fueron remitidos, pese a reiterados pedidos.
2. Las razones por las cuales la Corte no remitió al Ministerio Público todos los informes de auditoría que involucran a jueces y juezas, incluso magistradas recientemente confirmadas, como el caso de la jueza de Paz de Villamorra, Elvira Franco.
“La Corte confirmó a magistrados involucrados en la mafia de pagarés. Queremos saber qué seguridad jurídica enorme van a tener”, advirtió Soroka.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, deberá informar la cantidad total de denuncias recibidas, así como explicar por qué no se unifican las causas como delitos económicos, lo que -según legisladores- impide que las investigaciones avancen más allá de los casos remitidos por la máxima instancia judicial. Desde el Congreso se cuestiona que muchas denuncias de víctimas no prosperan y quedan paralizadas en el sistema.
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La decisión de invitar a las altas autoridades surgió luego de que el senador Rafael Filizzola (PDP), presidente de la comisión especial “antimafia de pagarés”, en un detallado informe, revele el entramado del esquema delictivo que perjudica a cerca de 35.000 víctimas, considerando que todos los hallazgos dan cuenta de cobros abusivos tanto en descuentos convencionales como judiciales.
Filizzola (PDP) remarcó que la presión legislativa fue clave para que el caso avance: “El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen sus tiempos, pero, si el Congreso no hubiese tomado este tema, probablemente no hubiéramos tenido ningún avance”.
La senadora Esperanza Martínez (PPC) fue contundente al señalar que existen evidencias suficientes. “Pasó demasiado tiempo. Las evidencias son contundentes. Esto es una estafa de consideración que afecta a muchísima gente vulnerable. Acá se formó un sistema de estafa”, agregó
También cuestionó al Banco Nacional de Fomento (BNF) por no haber resuelto el caso Walton: “No puede ser que una empresa siga estafando ante nuestros ojos. Si decimos que no sabemos, somos cómplices”.
El diputado Dani Centurión (ANR, disidente) sostuvo que el caso va más allá del daño económico: “Es una muestra clara de la degradación de la institucionalidad al servicio de una asociación criminal”.