El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú fijó para los días 12 y 13 de marzo la audiencia preliminar para el expresidente Bernabé Peralta Antúnez, el actual presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, Venancio Díaz Escobar, y para Juan Arístides Amarilla, René Alejandro Medina Collar, Luis Alberto Caballero Candia y Viviana María Brioschi Capurro.
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Estas seis personas están acusadas por un supuesto perjuicio de G. 6.947 millones, conforme al documento presentado por el Ministerio Público.
La acusación
Los fiscales Patricia Sánchez Saldívar, Hernán Galeano y Nathalia Paola Silva presentaron el pasado 13 de febrero la acusación contra el exdirectivo, el actual presidente y otros cuatro miembros del Consejo de Administración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal.
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Junto con Bernabé Peralta están acusados sus exmiembros del Consejo de Administración Venancio Díaz Escobar, quien tras el escándalo en la institución en el 2024 y la renuncia de Peralta, ocupó la presidencia; Juan Arístides Amarilla, Rene Alejandro Medina Collar, Luis Alberto Caballero Candia y Viviana María Brioschi Capurro, quienes siguen en la institución.
Estas seis personas están acusadas por la comisión de cobro indebido de honorarios y lesión de confianza.
Según indican los fiscales, los acusados realizaron una serie de actos irregulares para percibir beneficios económicos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal. Aunque asumieron sus cargos tras las elecciones de diciembre de 2019, dichas elecciones fueron posteriormente anuladas por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Corte Suprema de Justicia.
A pesar de que esto invalidaba sus nombramientos, los acusados continuaron en sus cargos y percibiendo salarios (dietas) entre 2020 y 2023. Incluso, a diferencia de Peralta, todos siguen en el cargo con sus jugosas dietas y múltiples beneficios.
El Ministerio Público argumenta que, mediante resoluciones internas dictadas por ellos mismos, se asignaron sumas en concepto de bonificación por gestión presupuestaria y responsabilidad en el cargo nivel superior.
Además, se los acusa de haber percibido dinero por gastos de representación y bonificaciones que no están autorizados por la Ley N° 122/93 Orgánica de la Caja que establece que la única remuneración permitida para el presidente y los miembros es una dieta.
Estas autoasignaciones superaron por mucho el límite del 30 por ciento sobre el sueldo mensual establecido en los decretos reglamentarios del Presupuesto General de la Nación, llegando en algunos casos a asignarse hasta el 80 por ciento por responsabilidad en el cargo.
Por ejemplo, se constató que Luis Alberto Caballero Candia percibía simultáneamente haberes como miembro del Consejo y su jubilación de la Caja Municipal, lo cual está prohibido por ley.