Chau jubilación VIP: iniciativa popular ya suma más de 24.000 firmas

Sesion extraordinaria en el Senado. Perdida de investidura a Kattya Gonzalez. Politica. Gustavo Machado 14 de febrero de 2024. Dionisio Amarilla y basilio Núñez.
El senador Dionisio Amarilla (PLRA, aliado cartista) junto al presidente del Senado, Basilio "Bachi" Núñez (ANR, HC). Gustavo Machado

La iniciativa ciudadana para eliminar la llamada jubilación VIP parlamentaria avanza y ya reunió 24.232 firmas digitales, de las 49.928 necesarias para que el proyecto sea formalmente presentado ante el Congreso Nacional. El proyecto, titulado “Que abroga la Ley N.º 6112/18 del Fondo de Jubilaciones y Pensiones para Miembros del Poder Legislativo de la Nación”, se encuentra disponible para su adhesión en el portal oficial del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), dentro del sistema de Iniciativa Popular.

La propuesta ciudadana busca derogar la Ley N.º 6112/18, que creó el fondo de jubilaciones y pensiones para senadores y diputados. De tratarse y aprobarse, la norma legal quedaría sin efecto y se establecería un proceso de transición para que los aportes parlamentarios pasen a un esquema de capitalización individual, sin intervención ni aportes estatales.

El proyecto propone puntos centrales en su primer artículo abroga la Ley N.º 6112/18 y en su artículo 2 se establece un plazo máximo de 30 días tras la promulgación, para que el Poder Ejecutivo y el Congreso conformen un equipo técnico para reglamentar la administración de aportes parlamentarios bajo un sistema de capitalización individual.

En la exposición de motivos, se remarca el principal argumento para eliminar el privilegio que gozan senadores, diputados y antes parlasurianos, sus viudos y viudas, hijos menores e hijos con discapacidad. Los proponentes sostienen que la jubilación parlamentaria vulnera el Artículo 46 de la Constitución Nacional, que establece la igualdad de todas las personas en dignidad y derechos.

El régimen de la jubilación Vip

Senadores y diputados acceden a la jubilación ordinaria con 15 años de aporte y 55 años de edad. Incluso puedan obtener una jubilación extraordinaria con 10 años de aporte y 55 años de edad, equivalente al 60% de la dieta más gastos de representación.

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En contraste, la Ley 98/92 exige a los trabajadores asegurados 25 años de aporte y 60 años de edad para acceder a la jubilación ordinaria.

Para los impulsores, esta diferencia configura un privilegio incompatible con el principio de igualdad constitucional.

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Otro de los ejes centrales del proyecto es que los legisladores:

  • Son electos por voto popular, no contratados.
  • Perciben una dieta, no un salario.
  • No están regidos por la legislación laboral.
  • En muchos casos pueden ejercer paralelamente actividades privadas.

En ese sentido, los proponentes sostienen que el ejercicio legislativo es un mandato temporal de cinco años, establecido en la Constitución, y no una relación laboral permanente que justifique un régimen jubilatorio especial.

El modelo de Suecia

La exposición de motivos menciona como ejemplo el sistema aplicado en Suecia, donde los parlamentarios no cuentan con jubilación vitalicia. En su lugar, existe una “garantía de renta” temporal destinada a facilitar la transición al finalizar el mandato, sin constituir una pensión permanente.

La cita atribuida al diputado sueco Per-Arne Håkansson refuerza el argumento: representar a la ciudadanía es en sí mismo un privilegio y no debería implicar beneficios especiales.

El proyecto aclara que la derogación no tendría efecto retroactivo. Respecto a la sostenibilidad de la Caja afectada, se plantea que su continuidad quedaría en manos de los actuales socios bajo un esquema privado, sin comprometer aportes ni intervención estatal.

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Firman como proponentes reconocidos dirigentes del sector docente:

  • Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP).
  • Stella Marys Ayala, secretaria general de la Unión Nacional de Educadores - Sindicato Nacional (UNE-SN).
  • Edith Rojas, miembro de la Comisión Directiva de la FEP y encargada de la Secretaría de Finanzas.
  • Lidia Samudio, responsable de la Secretaría de Relaciones Laborales y Jurídicas de la UNE-SN.

¿Cuántas firmas faltan?

Para que el proyecto pueda ser presentado formalmente ante el Congreso, deberá alcanzar 49.928 firmas válidas. Con 24.232 apoyos ya registrados, la campaña se encuentra actualmente a menos de la mitad del objetivo. www.tsje.gov.py en el apartado de iniciativa popular.