El pedido de informe, aprobado hoy en el Senado con modificaciones, fue presentado después de que seis sindicatos del MOPC solicitaran la interpelación de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, ante la Comisión Permanente del Congreso, durante el receso parlamentario (del 21 de diciembre de 2025 al 1 de marzo de 2026).
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Los gremios acusaron a la secretaria de Estado de permitir la injerencia del consorcio Tape Porã en los puestos de peaje administrados por el Estado. Denunciaron el acceso irregular a datos estratégicos y un eventual conflicto de intereses. En ese entonces, la funcionaria se negaba a brindar explicaciones.
Esto debido a que el consorcio Tapé Porã estaba realizando un relevamiento de las instalaciones edilicias y de los sistemas de los 13 puestos de peaje administrados por el MOPC, con miras a su “actualización y modernización”, pese a que no forma parte de su concesión y sin una contratación oficial por parte de la institución.
Indicaron que esta empresa, que ya posee la concesión de la Ruta PY02 (en la ex ruta 7 entre Caaguazú y Ciudad del Este), buscaría así “privatizar” más puestos de peajes y manipular incluso la planilla de funcionarios de la cartera.
En el año 2023 Tape Porã negó tener vínculos con el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, sin embargo, no dio ninguna explicación sobre las denuncias respecto a que el accionista mayoritario de Tape Porã, la empresa Conempa SA (con el 50% de las acciones), tiene como asociada a Jiménez Gaona y Lima, empresa que Cartes adquirió en 2020 de la familia del ex ministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, y que cedió a sus hijos tras ser declarado “significativamente corrupto” por el Gobierno de los Estados Unidos de América.
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Planta asfáltica paralizada, denuncian
En el pedido de informe, cuyo texto fue modificado por las comisiones asesoras, busca las respuestas del MOPC a las denuncias de los sindicatos de dicho ministerio sobre la injerencia de la empresa Tape Porã en los peajes.
También pide detallar el marco legal, resolución o convenio específico bajo el cual se autorizó a la empresa privada Tape Porã S.A. a realizar un “relevamiento técnico” en las estaciones de peaje administradas directamente por el Estado.
Además, busca informes sobre si se ha permitido a personal de dicha empresa acceder a sistemas informáticos de recaudación y bases de datos estratégicas del Ministerio, entre otros.
Igualmente, pide el detalle en forma pormenorizada del destino de los fondos recaudados en los peajes durante los ejercicios 2024 y 2025.
Pide los motivos por los cuales las plantas asfálticas y cuadrillas operativas se encontrarían actualmente paralizadas o con falta de insumos básicos (cemento asfáltico, emulsión, repuestos), según denuncian los gremios.
Finalmente, exige informes del plan de contingencia para el bacheo y mantenimiento de la Red Vial Nacional ante la falta de operatividad de los distritos viales propios del Ministerio.