El proyecto de ley “que establece el régimen de protección de la imagen, voz y cuerpo frente a las Imitaciones digitales generadas por Inteligencia Artificial” fue presentado el jueves último por la senadora, bailarina, actriz de telenovelas y exparticipante de reality shows Lizarella Valiente (ANR, HC), esposa del exintendente de Asunción Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC) acusado por corrupción.
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En sus 13 artículos, la legisladora oficialista obliga a las plataformas digitales y redes sociales a crear protocolos para denunciar Deepfakes y removerlos. La entidad de aplicación es la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, creada en 2025. Las sanciones son las mismas establecidas en el Código Penal y el Código Civil, agregó.
También obliga al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) a impulsar programas educativos en las escuelas por los derechos de las personas sobre su voz e imagen y el peligro de crear y difundir deepfakes en las redes.
“Vulnerabilidad generalizada”
En su exposición de motivos, el texto firmado por la senadora señala que los denominados “deepfakes” son contenidos sintéticos hiperrealistas que imitan la imagen, voz y cuerpo de personas reales y su aparición han generado una situación de “vulnerabilidad generalizada”. En la actualidad, cualquier persona puede ver su identidad digital suplantada, manipulada o puesta al servicio de fines fraudulentos o propagandísticos sin su consentimiento y sin que el ordenamiento jurídico ofrezca herramientas eficaces para impedirlo o repararlo.
En uno de sus artículos, sobre las excepciones, señala que las prohibiciones y limitaciones establecidas en esta ley no serán aplicables a las imitaciones digitales que constituyan principalmente: a) Caricatura, b) Parodia, c) Sátira, d) Uso educativo o científico no comercial, e) Uso periodístico legítimo que cumpla con los principios de veracidad e interés público.
Agrega que las excepciones previstas en este artículo no serán aplicables cuando la imitación digital constituya desinformación que pueda lesionar gravemente los derechos o intereses esenciales de la persona; se utilice con fines comerciales sin el consentimiento expreso del titular y/o cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular.