La Justicia Electoral informó el inició de la divulgación de las máquinas de votación dirigida a la ciudadanía, con miras a las Elecciones Municipales de 2026 cuyas internas son el 7 de junio y las generales el 4 de octubre.
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Los aparatos todavía no cuentan con los rostros o datos de los precandidatos a intendentes y concejales de todas las fuerzas políticas en los 263 municipios.
Esto debido a que el 30 de marzo es la fecha límite para que los políticos carguen sus datos y fotografías en el Sistema de Inscripción de Candidatos (SIC).
Los funcionarios del ente fueron apostados en puntos como la Estación de Buses de Asunción, en la Municipalidad de Asunción, los Mercados de Abasto, Número 1 y 4 en otros (Ver los cuadros divulgados por el TSJE).
El ente agregó que las máquinas de votación estarán en supermercados, centros comerciales, plazas, copetines, bodegas e instituciones públicas de alta concurrencia, “permitiendo al ciudadano, la oportunidad de practicar y lograr que los electores se sientan seguros y cómodos con la tecnología, fortaleciendo la confianza y la transparencia en el proceso electoral”.
Las máquinas de votación fueron alquiladas al TSJE por el consorcio MSA-Comitia, el mismo que ganó las licitaciones de arriendo para las elecciones municipales 2021 y generales del 2023.
Sin embargo, en esta ocasión el proceso estuvo marcado por controversias y suspensiones por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
La Justicia Electoral primero llamó a concurso para comprar las máquinas, y cuando MSA-Comitia fue descalificada, el Senado exigió suspender la licitación.
Finalmente el TSJE obedeció al Senado, anuló la compra y llamó a concurso de arriendo siendo MSA-Comitia fue la única oferente. En esta oportunidad, alertó a la oposición que el consorcio tenía como representantes en Paraguay a gerentes del grupo Ueno Bank, ex socios de Santiago Peña.
A esto se suma que Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) pidió suspender el cronograma electoral y volver a hacer una auditoría técnica debido a la falta de garantías en el proceso pasado.
El partido Cruzada Nacional y otras agrupaciones dijeron que la auditoría fue un “teatro” y una “visita guiada” en que no se pudo hacer una revisión real.
