El impulsor del proyecto es el diputado José Rodríguez (ANR, HC) y pretendía emular normas similares en países de la región, que prohibe el uso de celulares en escuelas. El expediente fue aprobado en general antes del inicio del receso parlamentario y su estudio en particular, artículo por articulo, concluyó esta noche con su aprobación con modificaciones.
El punto fue tratado brevemente y sin debate por acuerdo de las bancadas de aprobar la versión modificada en comisiones la cual descarta las prohibiciones absolutas de celulares.
El propio proyectista reconoció meses atrás que recibió una fuerte presión por parte del gremio de las asociaciones de padres en materia de seguridad de los alumnos.
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Finalmente se introdujo cambios que aprueban el uso de celulares en el marco de situaciones de estado de peligro, estado de necesidad o fuerza mayor.
El proyecto de ley tiene por objeto regular el uso, por parte de los estudiantes. Además el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el MITIC deberán definir la lista de aparatos que podrán ser considerados educativos. Esto debido a que también se permitirá el uso de dispositivos electrónicos para fines “estrictamente pedagógicos”.
Si bien la ley, en uno de sus artículos dice que se “prohiben” los celulares en escuelas, en todos los niveles de la educación inicial, escolar básica y media, esto se flexibiliza en los casos y en la forma expresamente previstas en otros artículos.
La ley también plantea un programa de uso responsable de la tecnología y se advierte que las instituciones educativas deberán incorporar a sus reglamentos internos y normas de convivencia las disposiciones previstas en esta ley.
Sanciones
En el apartado de sanciones, se señala que la autoridad de aplicación dará dos tipos de penalidades. Un apercibimiento o multas de hasta cincuenta jornales mínimos (G. 5.575.100).
Sin embargo, estas solo se aplicarán mediante un “Sumario administrativo”.
Finalmente el Ejecutivo deberá reglamentar la ley en cuatro meses y las instituciones podrán adaptarse a la ley en otros seis meses, lo que hace imposible cualquier cumplimiento este año.