La intención de expulsar al senador colorado Javier “Chaqueñito” Vera (ANR, HC) empieza a tomar forma en el Senado. Hasta el momento, sólo cinco legisladores acompañan el pedido de pérdida de investidura, todos pertenecientes a sectores de la oposición.
La iniciativa es impulsada por la senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional, quien confirmó que presentará este mismo martes el proyecto, con las firmas que logre reunir.
¿Quiénes apoyan la expulsión?
Además de Paredes, ya manifestaron su respaldo:
- El senador Ignacio Iramain (independiente)
- El senador Walter Kovilansky (Cruzada Nacional)
- El senador Eduardo Nakayama (independiente)
- La senadora Celeste Amarilla (PLRA)
Con estos respaldos, el bloque opositor marca una primera posición firme, aunque todavía lejos de las 11 firmas necesarias para que el pedido pueda ser tratado formalmente, según lo que establece el reglamento vigente del Senado, norma que ha sido ignorada en los casos de expulsiones de Kattya González (independiente) y Norma Aquino alias YamiNal (ANR, HC).
Paredes presentará el proyecto con las firmas que tenga
Paredes adelantó que no esperará a reunir todos los apoyos y que formalizará igual el pedido de pérdida de investidura, lo que podría acelerar el debate político dentro de la Cámara Alta.
El proceso se enmarca en el artículo 201 de la Constitución Nacional, que permite la expulsión de un legislador por uso indebido de influencias comprobado o violación del decoro parlamentario.
El pedido de expulsión contra Javier Vera Medina se basa en una acusación central: haber utilizado su influencia política para acceder a una vivienda pública del programa del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), presidido por Juan Carlos Baruja.
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Según el proyecto el senador habría sido adjudicado con un departamento en el complejo Residentas I, en Luque, sus ingresos superarían el límite permitido para acceder al programa social, el trámite administrativo se realizó con una rapidez inusual y también se cuestiona que incluso se habría elegido el departamento tras una llamada telefónica de funcionarios.
El inmueble fue valuado en G. 370 millones y otorgado con condiciones consideradas preferenciales, como un plazo de 240 meses y una tasa del 7%.
Posible violación del decoro parlamentario
El proyecto también sostiene que el caso podría constituir una violación del decoro parlamentario, al tratarse de un beneficio destinado a sectores vulnerables.