Wagener denunció ante el la Unidad Especializada de Delitos Ambientales del Ministerio Público que vecinos del barrio Bella Vista (ubicado en la zona de Trinidad, Asunción), le solicitaron una intervención urgente.
Esto debido al estado de la megaobra abandonada sobre las calles Santa Rosa y Sargento Gauto que debía ser la sede del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).
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Indicó que el sitio ha sido convertido en un vertedero clandestino de basura, con acumulación de residuos que generan focos de proliferación de mosquitos (vectores de enfermedades como dengue y chikungunya).
Agregó que esto también sirve como guarida para consumidores de drogas, generando inseguridad en la zona. Dijo que la Municipalidad de Asunción ha emitido notificaciones ignoradas para la limpieza del predio.
Sostuvo que lo más grave, según el testimonio de los vecinos y observaciones directas en el lugar, es que la obra carecería de los permisos ambientales requeridos, ya que involucra la alteración de un cauce natural de un arroyo que atraviesa el predio.
Acusó a los contratistas de haber tapado dicho cauce con escombros y materiales de construcción, lo que ha desviado el flujo de agua hacia las calles adyacentes.
“Como consecuencia, durante las lluvias, se producen inundaciones en las vías públicas, roturas en el asfalto y anegamientos en las calles del barrio Bella Vista, afectando la propiedad privada, la salud pública y el equilibrio ecológico”, aseveró.
Sostuvo que esta “alteración ilegal del régimen natural del arroyo constituye un daño ambiental grave, con riesgos de contaminación de aguas subterráneas y superficiales, erosión del suelo y perjuicio a la biodiversidad local”.
Contratistas
El aspirante a edil señaló que dicha obra, adjudicada a la empresa M&T S.A. (representada por el Arq. Julio Mendoza Yampey, querellante en la condena contra Ramón González Daher) por un monto de G. 17.100.170.990, según consta en el portal del Ministerio de Salud, inició en enero de 2014 y debía concluir en un plazo de 24 meses (aproximadamente en enero de 2016).
Sin embargo, fue abandonada en 2015, tras un avance parcial estimado en un 67%, con pagos efectuados por el MSPBS por un monto aproximado de G. 10.632 millones.
En setiembre último, dicha empresa fue condenada a pagar G. 2300 millones por la falta de ejecución de la edificación para el Centro de Residencia de Niños y Adolescentes en Ciudad del Este.
Pide investigar al senador Barrios
Apuntó que durante el periodo en que se adjudicó y ejecutó parcialmente la obra (2014-2015 durante la presidencia de Horacio Cartes), el Ministro de Salud Pública era el actual senador Antonio Barrios (ANR, HC), quien habría supervisado o autorizado los procesos relacionados con esta contratación.
“Se presume que, en razón de sus atribuciones, podría haber permitido o no impedido las irregularidades ambientales, lo que amerita investigación para determinar responsabilidades”, recalcó.