El proyecto presentado por un grupo de senadores argumenta que el país está en “economía de guerra” con múltiples deudas, por lo cual se debe recortar las bonificaciones, aunque solo proyecta para lo que resta del 2026.
El proyecto se encontraba en el tercer punto del orden del día de la sesión extraordinaria, sin embargo, los parlamentarios argumentaron que similar proyecto fue presentado en la Cámara de Diputados y que buscarán unir criterios para recortar los beneficios con lo que se sigue dilatando el corte de los groseros privilegios.
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El proyecto indica que a los funcionarios de mayor jerarquía, incluyendo legisladores, presidente y vicepresidente de la República, ministros, magistrados, fiscales, contralor, intendentes, gobernadores y directivos de entidades descentralizadas se les recorta las bonificaciones durante el 2026.
Según el texto, los recursos liberados podrán ser reorientados hacia sectores prioritarios como salud, educación, infraestructura e inversión social, complementando otras medidas de ajuste previstas en la ejecución del Presupuesto General de la Nación para 2026.
En la Cámara Baja, la semana pasada también se presentó un proyecto para suprimir las bonificaciones, sin embargo, el sector cartista y sus satélites dejaron si quórum la sesión para evitar el tratamiento.
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Habilitaron el despilfarro
Los decretos reglamentarios del PGN -hasta el ejercicio 2024- impedían explícitamente que ministros y altos funcionarios con sueldos o dietas equivalentes o superiores percibieran gratificaciones bajo concepto alguno. Sin embargo, para el 2025, el Ejecutivo a cargo de Santiago Peña borró esta restricción, habilitando el desembolso.
En ese contexto, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista) desde marzo de 2025 empezó a cobrar un sobresueldo mensual de aproximadamente G. 21 millones, disparando su remuneración total por encima de los G. 63 millones mensuales.
Tras quedar expuesto ante la opinión pública, Núñez anunció su “renuncia” al cobro. Sin embargo, para entonces, ya había logrado embolsar una suma que roza los G. 254 millones, amparado en el decreto reglamentario redactado “a medida”.
Varios senadores opositores indicaron que no solo debía renunciar a las bonificaciones, sino que deber devolverlo.