El senador Filizzola planteó que la mesa directiva actúe para recabar información oficial que permita al Senado intervenir institucionalmente ante la denuncia de presunto amedrentamiento contra la fiscala Patricia Sánchez, quien investigó al senador Hernán Rivas (ANR, HC) por el supuesto “titulo mau” de abogado.
“Que se le pida al Ministerio Público toda la información que tienen al respecto para que el Senado pueda iniciar un proceso (de pérdida de investidura)”, sostuvo.
El legislador del PDP remarcó que sin estos informes no se puede avanzar formalmente, pero dejó en claro que el siguiente paso debería ser la apertura de un proceso que podría derivar en sanciones máximas, como la expulsión de un legislador.
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Basilio “Bachi” Núñez deberá decidir si solicita los informes al Ministerio Público y habilita el camino para un eventual proceso de pérdida de investidura o ignora el pedido para blindar a un legislador de sus filas.
El senador Filizzola fue enfático en que la gravedad del caso amerita analizar la aplicación del artículo 201 de la Constitución Nacional, que contempla la pérdida de investidura parlamentaria.
“Es un hecho sumamente grave que tiene que ser denunciado con nombre y apellido para que el Senado aplique el artículo 201 de la Constitución Nacional”, afirmó.
La figura de pérdida de investidura se aplica en situaciones de uso indebido de influencias o conductas incompatibles con la función legislativa, como ocurrió recientemente con Javier “Chaqueñito” Vera (ANR, HC) quien fue expulsado por uso indebido de influencias al pretender mantener relaciones sexuales con un menor de edad.
Denuncia de posible presión a una fiscala
De acuerdo con el Ministerio Público, la fiscala Sánchez -quien interviene en una causa contra “un legislador” por producción mediata y uso de documento público de contenido falso- habría recibido un mensaje atribuido a un senador nacional.
En dicho mensaje se advertían eventuales consecuencias sobre su permanencia en el cargo si avanzaba con determinadas decisiones procesales.
Para la Fiscalía, el hecho podría configurar un intento de amedrentamiento que busca condicionar la independencia del trabajo fiscal.
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Aunque el informe no menciona nombres, el caso se vincula con la causa que involucraba al senador Hernán Rivas, quien recientemente fue sobreseído de forma definitiva.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la activación de protocolos de seguridad y medidas institucionales para resguardar a la fiscala.
El Ministerio Público señaló que estas acciones buscan garantizar:
- El ejercicio independiente de la función fiscal
- La seguridad de la agente
- La libertad de criterio en sus decisiones
Además, se ordenó mantener en reserva las actuaciones debido a la sensibilidad del caso.
El pedido de Filizzola coloca ahora en el centro a “Bachi” Núñez, quien deberá decidir si solicita los informes al Ministerio Público y habilita el camino para un eventual proceso de pérdida de investidura.
El caso abre un nuevo frente político y reaviva el debate sobre los límites de la influencia parlamentaria y la necesidad de proteger la independencia del sistema de justicia en Paraguay.