El pasado 3 de marzo, en la primera sesión de Diputados a vuelta del receso parlamentario, el pleno aprobó un pedido de informes planteado por la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) donde se requiere que Opaci rinda cuestas sobre ingresos y gastos, teniendo en cuenta que es una ONG que recauda a nivel municipal por gestiones que van desde tramitar las licencias de conducir y habilitaciones vehiculares hasta trámites inmobiliarios, pese a no tener ningún rol real en la estructura institucional del Estado.
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Esta oenegé presidida por el intendente cartista de Guarambaré Óscar Cabrera hasta ahora no respondió al pedido de informes, estando ya fuera del plazo máximo de 15 días establecidos en la Ley N° 5453 “que reglamenta el artículo 192 de la Constitución Nacional, del pedido de informes” y la nueva ley N° 7363/24 “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”.
Entre otros datos requeridos se solicita “informar respecto a todos los ingresos en diversos conceptos que percibe la Opaci, durante los últimos 5 años. El monto detallado por anualidad y por concepto, de todos los ingresos percibidos”.
Entre las formas de recaudación conocidas de Opaci se encontrarían los ”aportes societarios", “provisión de insumos y máquinas” y los criticados conceptos de “provisión de aranceles por registro de conducir” y “gasto administrativo por gestiones por cobro de impuestos inmobiliarios".
A la par, también que remitan el respaldo legal para dichos cobros, es decir, mediante figuras como convenios, contratos, acuerdos, entre otros.
No es la primera vez que se objeta el oscuro manejo de los millonarios fondos de Opaci, tanto así que el año pasado un grupo de diputados planteó prohibir por ley los cobros compulsivos a los ciudadanos por parte de esta “oenegé amiga” del cartismo, que confirmando su actitud cómplice archivó dicha iniciativa legislativa.
Quieren saber sobre manejo de dinero y pago a sus autoridades
Al ser una oenegé por fuera del Estado, Opaci evade tanto la rendición de cuentas públicas como los proceso licitatorios comunes, por lo que el pedido de informes apunta especialmente a estos puntos.
En tal sentido, se solicita “informar y remitir en forma detallada, con copia de las facturas, en cada caso, los gastos realizados en concepto de mantenimiento de máquinas, vehículos y otros gastos comprendidos en concepto de mantenimiento, realizados por la Opaci, los últimos 5 años”.
También, otros puntos del pedido de informe van dirigidos a que reporten si los miembros del Consejo Administrativo cobran montos en “concepto de dietas” u otros como viáticos, gastos de almuerzo, etc.
Finalmente también se pretende transparentar si es que manejan fondos y conceden “becas” al igual que si organizaron eventos particulares.
El cartismo, que supuestamente se declaró “antioenegé”, mantiene como mimada a Opaci, ya que además de seguir permitiendo su operatividad al margen del Estado, también la incluyó como parte del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae) que maneja el millonario programa y apetitoso negocio de Hambre Cero.
Ninguneo impune causa enojo hasta en oficialistas
La falta de respuesta a pedidos de informes del Legislativo se volvió una constante desde el momento en que no hay sanciones firmes contra el ninguneo.
Esto ya no solo afecta a opositores, sino también a oficialistas, como el diputado aliado cartista Rubén Roussillón (ANR, B), que en la sesión pasada de Diputados reclamó la falta de respuesta de la Municipalidad de Villa Hayes, feudo del presidente del Congreso, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez.
“Como que estamos desgastándonos un poco en esta cuestión, porque los pedidos de informes no están siendo respondidos y puedo hablar con conocimiento de causa porque tengo un pedido de informes a la Municipalidad de Villa Hayes que hemos reiterado tres veces ya y no hemos recibido respuesta porque no existe una sanción, entonces los intendentes omiten enviar los informes”, reclamó Roussillón.
El legislador, más a modo de sugerencia que de propuesta concreta, volvió a plantear la posibilidad de establecer sanciones a la falta de respuesta a pedidos de informes legislativos, algo que en varias ocasiones ya se intentó, pero sigue sin concretarse.
“Creo que tendríamos primero tratar en algun momento dado mirar ese aspecto y ver algún tipo de sanción cuando no recibimos esos informes. Porque acá estamos debatiendo si vamos a solicitar o no los informes, pero vamos a quedar en letra muerta posteriormente al ser aprobado cualquier pedido de informes”, insistió Roussillón.
En periodos pasados, incluso se planteó un proyecto de ley que pretendía equiparar la falta de respuesta a pedidos de informes del legislativos con la figura penal de desacato (con pena de cárcel de hasta 5 años o multa), pero no prosperó.