La normativa cartista busca crear un sistema de respuesta ante amenazas, agresiones y situaciones de riesgo que enfrentan periodistas en el ejercicio de su profesión. La iniciativa surgió a raíz de una condena al Estado paraguayo por el caso Santiago Leguizamón con la exigencia de proteger a periodistas y activistas de DD.HH.
Lea más: Senado posterga hasta marzo proyecto cartista de “protección a periodistas”
Sin embargo, el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) cuestionó que el proyecto carece de mecanismos de protección efectivos, elimina espacios de representación de los propios trabajadores y concentra la decisión de otorgar medidas de seguridad en el Ministerio del Interior.
El gremio de periodistas había insistido en que una ley de protección debe incluir protocolos claros, mecanismos interinstitucionales y órganos colegiados para evaluar el riesgo y activar medidas urgentes, elementos que —según señalaron— no aparecen en la versión cartista.
Los trabajadores de prensa también cuestionan que la decisión de otorgar seguridad queda concentrada en el Ministerio del Interior. Señalan que esto abre la posibilidad de que se podría dejar las medidas de protección dependiendo del humor o voluntad del ministro de turno, lo que consideran un riesgo democrático.
El proyecto debió ser tratado el año pasado, pero a pedido de la senadora opositora Esperanza Martínez (FG) se postergó hasta el fin del receso parlamentario.
Excluye a organizaciones de DD.HH.
En ese entonces, el líder de la bancada cartista, el senador Natalicio Chase (ANR, HC), confirmó que su bloque decidió acompañar el nuevo texto presentado por Honor Colorado, que excluye a organizaciones de derechos humanos del alcance central del proyecto.
“La decisión es acompañar este texto, excluyendo a los activistas de derechos humanos y tratándolo por separado. Vamos a ver qué dice el sindicato de periodistas y ahí vamos a avanzar”.